Aunque aún la Registraduría Nacional no ha expedido la certificación sobre el censo electoral para las elecciones del plebiscito, el último certificado para las últimas elecciones establece un número de 34.899.945 ciudadanos habilitados para sufragar. Esa cifra determina que al menos 4.536.992 votos deberán ser depositados en favor de una de las dos opciones para que el mecanismo de participación tenga eficacia y validez.

El SÍ o el NO necesita un umbral del 13 por ciento, con la claridad que a diferencia de los demás mecanismos de participación ciudadana, el plebiscito para que sea válido como mecanismo, requiere umbral de aprobación, muy distinto al umbral de participación como ocurriría en un referendo o una consulta popular. Luego, como están las cosas y el grado de polarización de la campaña del plebiscito para aprobar o improbar los acuerdos suscritos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, no podrá medirse la validez de la decisión por el número de ciudadanos que participen, sino por el que apruebe, de ahí la importancia que tiene la no inclusión del voto en blanco, puesto que la naturaleza del mecanismo no permite término medio ni dubitaciones al momento de acudir a las urnas.

A menos de dos semanas del evento electoral que convoca a los colombianos a decirle SÍ o NO a una decisión presidencial y habiendo participado de los procesos electorales de manera activa en los últimos treinta años de mi vida, observo aspectos novedosos que seguramente contribuirán al mejoramiento de las prácticas políticas y a la modernización democrática de la participación política. El poder ejecutivo en masa desde el nivel central y las entidades territoriales, impulsando el SÍ con la participación activa de toda la burocracia como reflejo del avance en la posibilidad de participación política de los servidores públicos. El NO, está siendo impulsado por la única fuerza de oposición política institucional que no cuenta con instrumentos de poder público, sino con la búsqueda de respaldos que no comparten el modelo de gobierno imperante. Se ve en lontananza el comportamiento de un modelo parlamentario.

Las FARC-EP que se alistan para abordar el viaje de la búsqueda del poder por medio de las urnas y abandonar la lucha armada, parecen no estar interesadas en los intríngulis jurídicos del mecanismo de participación, sino en un resultado legitimador del acuerdo. Avanzan seguras de contar con la garantía del respaldo internacional que ha visto con buenos ojos la reincorporación a la vida civil de sus tropas que en su nuevo rol, desarrollarán un modelo productivo no industrial sino agrario, que se compadezca con el medio ambiente para disminuir el calentamiento global y las descargas de CO2 a la atmósfera.

Cada día veo más cerca la consolidación de dos bloques políticos que a futuro podrán alternar el poder de manera democrática en Colombia, con la posibilidad cierta que el nuevo partido político -tercero en discordia- que surja del acuerdo, llegue al poder; pero también veo la necesidad de impulsar un nuevo marco constitucional que disminuya el excesivo poder presidencial que nutre la desigualdad y alimenta la corrupción. Eso se lograría en un cambio de régimen en una constituyente.

 

@AlirioMoreno