Análisis de Camilo Rubiano Becerra
Como consecuencia de la implementación de los acuerdos firmados entre el gobierno Santos y el grupo terrorista de las FARC, la semana qué pasó ocurrieron varias hechos, según el orden en el que se van a abordar, hay que decir que el primero es bochornoso, el segundo preocupante y el tercero esperanzador.
El primer hecho, se da en el marco de la Justicia Especial para la Paz, una jurisdicción especial, creada por los acuerdos con el objetivo de buscarle una salida a la «desmovilización» de los guerrilleros. Lo que ocurrió, fue que la salida que se les dio, especialmente a los cabecillas de las FARC, incluía la alfombra roja de la impunidad y la elegibilidad política inmediata. Este nuevo tribunal, que hasta el momento maneja un presupuesto cercano a los $14.000 millones de pesos y estará conformado por 20 magistrados, según lo indica el acuerdo en el punto 5.1.2, que todavía no han sido elegidos, ya cuenta con un secretario general, que es el abogado Néstor Raúl Correa.
Este último fue el protagonista del primer hecho, que se puede calificar como bochornoso. Se filtró un audio en el que el señor Correa comenta que a la JEP llegó una carta del exministro Diego Palacio, solicitando su vinculación formal a esta jurisdicción. Lo delicado es que en medio de esa reunión, el secretario Correa, ventiló el contenido de la carta y afirmó que según el ex ministro éste sí habría cometido el delito de cohecho, enlodando de forma poco objetiva la reelección del Presidente Uribe. Ante esto, tanto Uribe como Palacio respondieron diciendo que en ningún momento la carta decía eso, a lo que no le quedó otro camino a Correa que aceptar que había mentido. Un hecho bochornoso, que anticipa saber cómo va actuar esa jurisdicción con la oposición.
El segundo hecho, además de preocupante es peligroso. Se conoció que las FARC, citaron a 15 alcaldes del departamento de La Guajira para socializar los acuerdos y para hacer una especie de control político a la gestión de cada uno de los mandatarios. Este actuar deja ver la comodidad y libertad que tienen estos señores, que sin entregar las armas ya andan usurpando funciones políticas que no tienen, pero que realizan con el aval y silencio cómplice del gobierno.
Ante estas malas noticias de la semana pasada, se salva un hecho esperanzador para el país, su democracia y el futuro de todos los colombianos. El jueves qué pasó, en la Corte Constitucional, se llevó a cabo la audiencia pública para analizar la demanda presentada por el Centro Democrático con el respaldo de más de dos millones de firmas en contra del Acto Legislativo para la paz. En esta audiencia, la defensa de la demanda la hizo el senador y precandidato a la presidencia, Iván Duque. Fue una defensa argumentaba, completa y que sin lugar a dudas, deja ver su disciplina y rigidez académica , cualidades que lo caracterizan como un gran líder. En su intervención, demostró cómo este acto legislativo sustituye a la constitución, yendo en contra de la rigidez constitucional, al disminuir los debates que requieren las reformas constitucionales. Así mismo, cómo este acto desfigura la separación de poderes, dándole un poder especial al Presidente y dejando al congreso como un simple notario de sus decisiones y la más grave, cómo este acto sustrae el derecho que tenemos todos los colombianos para poder demandar las reformas que surtan como consecuencia de la implementación, ya que el control será único y en cabeza de la Corte Constitucional.
Ojalá esta fuerte defensa que dio Iván Duque, tenga algún resultado positivo y de esta forma obligue a la Corte Constitucional a defender de verdad nuestra Carta Política.
Publicado: abril 10 de 2017