En 1997 cuando se estructuró el proyecto de concesión vial Zipaquirá-Palenque (Bucaramanga)  y en 2001 cuando se suscribió el contrato de Concesión con la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros, no se preveía el elevado flujo vehicular sobre los tramos Puente Otero-Oiba y Oiba-Palenque.  El cierre financiero de la concesión, contempló la rehabilitación de 370 kilómetros de carretera, la construcción de una variante en Chiquinquirá y puentes peatonales en Barbosa, El Socorro y San Gil. No se proyectaba aun la Construcción del Parque Nacional del Chicamocha y de una serie de obras regionales que dinamizaron a gran escala el renglón que alimenta hoy parte de la economía santandereana: el turismo.

En 2002, luego de tímidos debates en la Asamblea Departamental de Santander se logró llamar la atención del gobierno nacional y junto a un estrenado congresista de Santander y otro de Cundinamarca, en equipo con los gobiernos departamentales y los medios de comunicación regional, con la amenaza de un bloqueo de la vía por parte de la comunidad, se “consiguió” la ampliación en un año más de la concesión y en consecuencia la suscripción del Contrato Adicional No 2 por 10.640 millones de pesos, destinados a la construcción de la variante o perimetral de Ubaté y el Tercer Puente de San Gil.  La duración de la concesión era por 6 años, periodo durante el cual el concesionario esperaba recaudar 77 mil millones de pesos. Después de ese adicional, se volvió costumbre la práctica y en cerca de ocho ocasiones más esa concesión fue adicionada, superando el límite establecido en la ley. La Unión Temporal Los Comuneros la conformaron Concesión Vial de Cartagena S.A –integrada por Valores y Contratos (Valorcom), Alvarez & Collins, KNC ingenieros Ltda, Proyectos S.A. y Mauricio Gerlein Echaverria- Valores  y Contratos (Valorcom) y Alvarez & Collins, todas sociedades de la familia Gerlein Echeverria.  Claro, que eran tiempos en los cuales la Fiscalía General de la Nación mantenía una política penal distinta a la que hoy tiene fijada.

No tengo claridad exacta de la fecha hasta cuando se lucro la Unión Temporal Los Comuneros con la explotación de los peajes de Casa Blanca en Zipaquirá, Saboya, Oiba, Curití y Curos, pero lo que sí sabemos todos los usuarios de la vía, es que existe un nuevo contrato de concesión con una S.A.S que se denomina Concesionaria Vial de Colombia, firma que explota los mismos seis puntos de peaje y que además tiene un pésimo sistema de recaudo que genera trancones con filas de carros hasta de tres kilómetros, sin consideración alguna.

Pero no estaríamos escribiendo sobre el tema si la tragedia no hubiese golpeado tan fuerte. El incremento del flujo vehicular sobre la vía y los volúmenes y velocidad sobre el casco urbano de San Gil y las otras ciudades, no  han sido tenidos en cuenta por la Agencia Nacional de Infraestructura para definir y determinar la construcción de unas vías perimetrales o unas variantes en Barbosa, El Socorro, Oiba y San Gil, ciudad ésta última, en donde el pasado 3 de enero, un pesado Tracto-camión cargado con 30 toneladas de arena, sufrió una falla en sus frenos y arrastró con los vehículos que encontró a su paso, estrellándose luego contra un hotel frente al Parque El Gallineral, ocasionando la muerte a 5 personas y lesionando a otras 11.

Este lamentable episodio que generó indignación en los santandereanos y que mereció que la Gobernación decretara el duelo y ordenara izar la bandera de Colombia a media asta en todos los municipios del departamento, requiere la intervención urgente del Estado y del gobierno, para construir las variantes, comenzando por la de San Gil, y demanda pronta investigación del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira, para que se revisen desde la óptica del derecho penal, todas las concesiones viales de Colombia.

@AlirioMoreno

Publicado: 10 de enero de 2017