La renuncia de Uribe al congreso no obedeció a una estrategia para evadir a la justicia. Lo que se buscó, y a fe que se encontró, fue precisamente justicia.
La Corte Suprema de Justicia dejó demasiados interrogantes en su actuar contra Álvaro Uribe. Desde la misma validación de más de 22,000 interceptaciones al teléfono de Uribe que se realizaron sin una orden legal, pues al incluir el número de Uribe en una orden de interceptación en el proceso contra Nilton Córdoba esas más de 22,000 interceptaciones son ilegales; pero de manera muy cuestionable el magistrado Barceló las legalizó de un plumazo. También la opinión pública pudo conocer que en los interrogatorios los magistrados le “soplaron” las respuestas a los testigos y eso explica el por qué la CSJ no permitió a los abogados de Uribe interrogar a esos testigos. Y no olvidemos que el magistrado Barceló, pasadito de copas, en reuniones sociales dijo que metería a Uribe preso.
Se engolosinan los malquerientes de Álvaro Uribe en llamarlo con toda clase de apelativos. Ahora lo llaman exconvicto o expresidiario. ¿Pues saben qué? Ni lo uno, ni lo otro. Para ambos términos (convicto y presidiario) la Real Academia Española tiene claras definiciones y ninguna se le puede aplicar a Uribe:
- Convicto: Que ha cometido un delito que ha sido probado, aunque no lo haya confesado.
- Presidiario: Persona que cumple en presidio su condena.
Para ambos casos se requiere de una condena y Uribe solo está condenado a ser el blanco de los ataques de la izquierda.
Hasta ahora lo único claro es que la CSJ privó de la libertad a Uribe con pruebas ilegales, con testimonios amañados y negándole el derecho a controvertir a sus acusadores. Si algún apelativo le cabe a alguien, es a los magistrados que ordenaron su arresto.
Lo que le pasó a Uribe es muy diciente y pone de nuevo luz sobre la imperante necesidad de una reforma a la justicia. Uribe es ejemplo de cómo un procedimiento de la Corte Suprema puede violar la ley y los derechos de un procesado sin que tenga nadie que responder por eso.
Uribe recupera la libertad, pero su proceso no termina. La fiscalía ahora tiene la obligación de estudiar las pruebas y determinar si lleva a cabo una imputación de cargos. Incluso podría la fiscalía buscar pruebas nuevas, nuevos testimonios de testigos e incluso, si confirma que las más de 22,000 interceptaciones no son legales, podría compulsar copias para investigar a quienes las ordenaron y validaron.
También el tema del testigo Monsalve puede ser otra bomba pues se torna cada vez más clara la falsedad de lo declarado por él gracias al testimonio ante el Consejo Superior de la Judicatura de su abogado diciendo que Monsalve si mintió en testimonios emitidos ante magistrados de la CSJ.
Y como si fuera poco, el congresista estadounidense Mario Diaz-Balart ha solicitado al fiscal general de USA que investigue si se cometió el delito de incitar al perjurio por parte de Iván Cepeda. De comprobarse eso, sería un giro inesperado en este caso. Muy mal quedaría la CSJ si el FBI comprueba que Cepeda si es culpable de incitar al perjurio ya que fueron magistrados de la CSJ quienes cerraron el caso contra Cepeda y lo abrieron contra Uribe, pero recordemos que fue la justicia estadounidense la que destapó al cartel de la toga. Sí se confirma que los magistrados obraron ilegalmente contra Uribe, ¿será el Cartel de la Toga 2?
Publicado: octubre 18 de 2020
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