A todos nos dolieron en el alma las escenas del miércoles. Por un lado, porque un ciudadano fue víctima de un hecho absolutamente injustificable. Por otro lado, debido a que un grupo de uniformados deshonró el uniforme de la institución que con infinita gratitud apreciamos los colombianos. Hay dolor, rabia y tristeza, pero la solución a esta situación no puede ser la violencia y el vandalismo.

Que haya manifestaciones es más que sano para una democracia. La ciudadanía debe tener la posibilidad de expresar libremente su rechazo a las actuaciones de las instituciones sin correr el riesgo de ser aprehendidos o desaparecidos.

Por ejemplo, no fueron pocas las ocasiones en que expresamos nuestro rechazo a las negociaciones de La Habana de manera civilizada, sin cerrar las ciudades, sin afectar el tráfico, sin atacar a los policías ni destruir los establecimientos de comercio circundantes.

Sin embargo, una cosa son las marchas pacíficas y otra cosa muy distinta los disturbios que se escudan en una causa justa para afectar el orden público, desestabilizar las ciudades y atentar contra las autoridades.

En efecto, salir a quemar todos los cais de Bogotá no va a lograr absolutamente nada distinto a deslegitimar la causa que convoca las manifestaciones y generar millonarias pérdidas que terminará asumiendo la ciudad, de la misma manera que incinerar los buses y las estaciones de Transmilenio solamente afecta el principal medio de transporte de 2.3 millones de personas.

Ante estas circunstancias la respuesta de las autoridades debe ser contundente. El ejercicio de la legitima autoridad del Estado debe primar para contener los desmanes con que algunos sectores pretenden destruir las ciudades. Los vándalos, como bien lo manifestó el Director de Presidencia, son los enemigos y no la Fuerza Pública.

Además, es inadmisible que ciertos líderes políticos pretenden oxigenar sus campañas presidenciales para el 2022 con base en la desestabilización de las ciudades. Esa mezquina conducta lo único que denota es la insaciable sed de poder y venganza de actores que en condiciones normales jamás llegarían a ocupar el solio de Bolívar.

La justicia debe actuar. Todos los sectores, sin excepción, exigen una investigación rápida que concluya en resultados contundentes. En vez de promover el caos y la anarquía, debemos recordar que Colombia es un estado de derecho donde las autoridades tienen las herramientas para dar respuesta a los reclamos de la ciudadanía.

Sin lugar a dudas, es hora de confiar en las instituciones. Acudir a la violencia para responder a la violencia es el mismo círculo vicioso que nos ha causado infinito dolor durante generaciones y que no podemos permitir que ahora se convierta en el motor de aspiraciones políticas que cambian los argumentos por el odio y el debate por las revueltas descontroladas.

@Tatacabello

Publicado: septiembre 11 de 2020