A medida que buscamos maneras de frenar la violencia y fomentar una paz duradera en la sociedad colombiana, la cual está lidiando con el legado que nos dejó el gobierno de Juan Manuel Santos, de abusos masivos de los derechos humanos, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, secuestro de menores, torturas, narcotráfico en gran escala, etc.; se podría decir que el esclarecimiento de la verdad, es el único medio idóneo se te tiene para allanar el camino hacia una efectiva y acertada aplicación de justicia.
Como es conocido, el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos para la lucha contra la impunidad, aprobados en el marco de las Naciones Unidas, plantea la necesidad de adoptar medidas para “conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con los crímenes aberrantes cometidos y de los motivos que llevaron a su perpetración.”
Es por ello que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el Estado colombiano debe garantizar a todas las víctimas el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las atrocidades del conflicto armado interno.
En ese sentido, en nuestro país la verdad como uno de los pilares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, es fundamental para tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas en que se presentaron.
Y, además, porque el derecho a la verdad contribuye, entre otras cosas, a que nuestros jóvenes, niñas y niños sean capaces de comprender el valor de la democracia, y el respeto a la dignidad de las personas, sin discriminación.
“Dignidad de aquellos y aquellas que perdieron sus vidas víctimas de la violencia. Dignidad y respeto por el dolor de sus familiares que durante décadas han trabajado por conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos.»
Sin embargo, en Colombia tras el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc-Ep, se observa con suma preocupación que la verdad pareciera no existir en todo el sentido de la palabra porque ella se manipula a su conveniencia por los actores del conflicto frente a una institución como es la JEP para obtener ventajas en su juzgamiento o absolución de cualquier delito cometido en el marco del conflicto armado.
De allí que resulta difícil creerles a los exguerrilleros que acuden a la JEP a dar su testimonio o confesión sobre cualquier hecho punible porque se ha podido apreciar que la verdad de ellos es a medias. Y eso cuando no les da por negar el reclutamiento de menores, la violación de niñas y hasta los secuestros.
Prácticamente, a veces la mentira da la sensación que le está ganando el pulso a la verdad de todo cuanto ha sucedido en el conflicto armado. Y si es así, esto es peligroso porque jamás se conocerá la verdad de todos los actos terroristas de las Farc-EP y, por ende, no se podrá de ningún modo combatir la impunidad y muchos menos se llegará a convertirse en realidad la tan anhelada paz con justicia social y equidad en este país de contrastes como es Colombia.
Publicado: octubre 14 de 2020
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