Durante muchos años, el Estado colombiano era el gran lavador de dólares en el país. Aunque suene inverosímil, así fue.

En la sede principal del Banco de la República, en el parque Santander en pleno centro de Bogotá, funcionó una dependencia abierta al público a la que cualquier persona podía llegar con la cantidad de dólares que quisiera para efectos de convertirlos en pesos.

No se hacían preguntas y la transacción se finiquitaba dentro de la mayor discreción.

Aquella oficina era popularmente conocida como ‘la ventanilla siniestra’. El emisor, la banca central de Colombia era, en la práctica, la mayor lavandería de dinero de la mafia que funcionaba en nuestro país. 

Semejante operación criminal solo pudo haber sido implementada por un gobernante oscuro como Alfonso López Michelsen, un sujeto extremadamente laxo cuando de moral y ética se trataba. 

Con ocasión de los diálogos con la banda terrorista Farc, el presidente Juan Manuel Santos permitió el diseño de una ‘ventanilla siniestra’ 2.0, pues además de lavar de un plumazo la inmensa fortuna mal habida de las Farc, estableció un procedimiento judicial para asegurar la impunidad frente a los más graves delitos de lesa humanidad. 

Así, en un abrir y cerrar de ojos, los cabecillas del terrorismo, involucrados hasta la coronilla en el tráfico de estupefacientes -todos tienen cuentas pendientes con la justicia de los Estados Unidos- y procesados por crímenes atroces, quedaron libres, con sus fortunas intactas y sin limitación de ninguna naturaleza. 

A pesar de que el pueblo mayoritariamente se opuso al acuerdo de La Habana, Santos pisoteó la voluntad popular e impuso, a la brava, esa ‘ventanilla siniestra’ denominada JEP, tribunal que amenaza de muerte a la estabilidad democrática y social de Colombia. 

La causa de buena parte de los males que hoy padece nuestro país es, concretamente, esa jurisdicción ilegítima cuya presencia hiere a las bases de nuestro modelo republicano. 

Nadie se opone a la búsqueda de un mecanismo que permita viabilizar la entrega de armas y posterior reincorporación a la vida civil de los terroristas de la banda delincuencial Farc. Es evidente que un acuerdo político debe incluir alguna alternativa judicial. Pero nunca, en ningún caso, ésta puede partir de la renunciación a la verdad, a la justicia y a la reparación a que tienen las víctimas.

Y en este punto concreto, toda la sociedad colombiana ha sido víctima de las Farc, estructura narcoterrorista que azotó durante décadas a nuestro país y que continúa haciéndolo a través de las denominadas ‘disidencias’.

Pasados 4 años del hundimiento en las urnas del plebiscito, es hora de retomar la agenda y de recuperar la iniciativa. Las Farc están gozando de unos privilegios inmerecidos, ilegales e improbados por el pueblo colombiano. 

Las arbitrariedades, las trampas y las marrullas de Santos, en ningún caso, pueden ser acatadas. Así que, dado que el presidente Duque no quiso cumplir con su promesa de campaña de acabar con la JEP, corresponde que desde ahora y con miras a las elecciones de 2022, se establezca como condición sine qua non a quien quiera ser el candidato uribista, comprometerse -si es posible por escrito- a cerrar con cadenas y candado esa nefanda ‘ventanilla siniestra’ de impunidades al servicio de las Farc y que comúnmente es conocida como la ‘jurisdicción especial de paz’. Así se empezará a superar la deprimente polarización que se padece en nuestro país. 

@IrreverentesCol

Publicado: octubre 16 de 2020