Aterrorizan las cifras que indican un rápido crecimiento de la pandemia del coronavirus en los centros penitenciarios del país, concretamente las cárceles de Villavicencio, La Picota y La Modelo de Bogotá.

Desde que estalló la crisis del virus, el colegio de abogados penalistas de Colombia, hizo una advertencia sobre el grave riesgo que corrían los internos y plantearon una serie de alternativas, empezando por la excarcelación de presos, iniciativa que encendió las alarmas de un sector de la opinión que se opone radicalmente a liberación de personas privadas de la libertad.

El estado de emergencia desatado por la pandemia, no puede servir para completar todas las asignaturas pendientes que tiene el país. El hacinamiento carcelario, una tragedia que viene enervándose desde hace décadas, debe ser atendido con la debida diligencia, buscando alternativas reales para la población que está privada de la libertad.

Es evidente que los cupos no son suficientes. Y desafortunadamente, desde los tiempos coloniales ha imperado el peligroso populismo punitivo. Si crece el número de delitos que son sancionados con la privación de la libertad, pero no aumenta el número de cárceles, la consecuencia es catastrófica. 

Hay que decirlo: aquello no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. El déficit de prisiones es un problema que se observa en buena parte de las naciones, sobre todo en aquellas con capacidad económica limitada.

Que la pandemia sirva para generar conciencia y estimule la búsqueda de soluciones eficaces, para el que pareciera incontrolable problema del hacinamiento. 

El congreso de la República tiene que poner de su parte. No puede seguir aprobando indiscriminadamente leyes penales que contemplen escarmientos intramurales. Son muchas las conductas que hoy son castigadas a través del derecho penal, que bien podrían sancionarse a través de medidas de orden administrativo o civil.

Igualmente, el Estado debería valorar la alternativa de establecer centros carcelarios por concesión, permitiendo que compañías de seguridad debidamente acreditadas construyan y administren cárceles en las que puedan ser confinadas personas de acuerdo al delito por el que están respondiendo ante la justicia. 

Es evidente que los delincuentes condenados por delitos de alto impacto, como el homicidio, la violación, el secuestro, por citar algunos ejemplos, deben ser recluidos en centros controlados por el Inpec. Pero muchos otros, sobre todo aquellos que aún no han sido vencidos en juicio, bien podrían ser confinados en cárceles que estén bajo el arbitrio de empresas privadas.

Mientras aquello sucede, es fundamental que se identifique la manera de reubicar temporalmente a los presos que estén en riesgo de contagio del coronavirus y para ello, como lo han propuesto el fiscal y el contralor, el gobierno debería hacer uso de algunos de los bienes incautados al narcotráfico y que están en manos del Estado. Aquella es una medida temporal, con la que se protege a las personas privadas de la libertad y, a la vez, se le garantiza a la sociedad que aquellos individuos no serán liberados antes de cumplir el castigo que les fue impuesto por la administración de justicia. 

@IrreverentesCol

Publicado: abril 24 de 2020