Razón tenía Montesquieu cuando decía que no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Quizás solo le queden pocas horas de vida a nuestra democracia. Quizás nuestro Estado Social de Derecho no vea la luz de los años venideros.

Solamente en una democracia puede garantizarse la permanencia del Estado Social de Derecho, permanencia que en Colombia parece desvanecerse con cada decisión del poder judicial. Si es que todavía podemos denominar poder a la rama judicial

Sin estar en el imaginario colectivo de los colombianos, hoy las decisiones de un poder popular pueden ser invalidadas, anuladas o modificadas por otro poder sin legitimidad institucional al encontrarse fragmentada la división de los poderes. Aunque parezca una narración fantástica, hoy en Colombia las decisiones del pueblo soberano, parecen poder ser invalidadas por un poder al servicio de otro poder.

En un país como Cuba, sería algo normal y habitual las injusticias de todo tipo. Imaginemos que los mismos que hacen las leyes son los que gobiernan el país según esas leyes y, a la vez, son quienes juzgan el cumplimiento de las mismas.

La situación descrita en el párrafo anterior seria la perfecta descripción de un país donde no hay democracia verdadera. Sin embargo, Colombia está muy cerca de ejercer una tiranía como la descrita, pero con un plus, la sombra de la ley.

Visualicemos un ejecutivo que utiliza al legislativo y judicial para modificar y violar las leyes y no recibir ninguna sanción. Si usted es colombiano seguramente estará pensando que la situación que he descrito es lo que usted vive constantemente. Efectivamente así es, en Colombia se está diluyendo la separación de poderes, se está ejerciendo una tiranía bajo el calor de la justicia.

El poder legislativo y judicial parece convertir en simples notarias del ejecutivo, y en un país donde se desarrollan estas condiciones, inevitablemente se ponen en jaque la democracia y el Estado Social de Derecho.

Sin duda, la politización de las ramas del poder público, es una de las causas que convierte en simple notarias del ejecutivo al poder judicial y legislativo. Determinar si la justicia está politizada en Colombia podría ser un debate arduo; sin embargo, hay varios hechos que muestran sin dificultad que el fenómeno está vigente en Colombia. La venta de Isagen, la reforma tributaria, son apenas una muestra del actuar concertado de los poderes públicos yendo en contra del interés general de los ciudadanos.

Uno frente al cual quiero hacer hincapié se presentó hace varios días cuando la Honorable Concejera de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, decidió admitir con fundamentos políticos una demanda que pretende desconocer la voluntad del constituyente primario. Quizás la politización de la justicia, sea el arma más letal que terminará obteniendo el jaque mate de nuestra democracia.  La honorable magistrada, quien su familia tiene varios contratos con el Estado, decidió que el pasado 2 de octubre se había configurado un engaño generalizado por los promotores del NO, pues según en su criterio, decir que en los acuerdos había impunidad, era una falacia que inducia en error al elector. ¿Falacia? Quizás la honorable magistrada no leyó el artículo 60 del capítulo de Jurisdicción Especial para la Paz, o quizás decidió dar un juicio de valor acorde a su sesgo político.

La justicia debería intentar decisiones justas e imparciales, la justicia debería respetar la voluntad del constituyente primario. La justicia debería ser el arma de los ciudadanos para defendernos, pero la justicia politizada también puede ser el arma de los tiranos para oprimirnos.

La politización es algo que el ciudadano no puede tolerar, sin importar la ideología, pues por encima está el deber de construir una democracia sólida que logre resistir los abusos de los opresores. Quizás en estos tiempos la calle sea el único camino.

@natiibedoya

Publicado: enero 12 de 2017