Análisis de Camilo Rubiano Becerra

En estos días, hemos visto cómo el gobierno, en cabeza del ministro de Agricultura ha tratado de impulsar el proyecto de Ley de Tierras derivado de los acuerdos de La Habana. Este, ha tenido el claro objetivo de despojarle la tierra a los colombianos que han trabajado durante toda su vida por el desarrollo y bien del país.

Es triste ver cómo el Presidente Santos en su afán de ganar popularidad en el entorno internacional y de implementar unos acuerdos que fueron rechazados por la mayoría de los colombiano, se ha puesto en la tarea de generar un manto de inseguridad jurídica para todos aquellos que participan en las actividades que se llevan a cabo en las zonas rurales del país.

El gobierno, a través de este proyecto, busca expropiar terrenos que sin ninguna justificación creen ser improductivos. Lo grave es que, basados en los textos de los acuerdos entre el gobierno Santos y los terroristas de las Farc, hay un margen amplio de justificaciones para llegar a expropiar terrenos que son realmente productivos, pero que para la creencia subversiva no lo son.

Cabe recordar que el sector agropecuario en Colombia ha sido uno de los sectores más abandonados por este gobierno. La cifras con las que cerró el sector son preocupantes: la inversión año a año ha disminuido, el presupuesto de este año se le redujo un 36% y la productividad del sector es mínima. A corte del 31 de diciembre de 2016 cerró en un 0.4% que se comportó por trimestres de la siguiente forma:  -3,1%  en el primer trimestre de 2016, 0,1% en el segundo trimestre, -0,2% en tercer trimestre y 2,6% en el cuarto trimestre.

Los resultados por actividades, no son mas alentadores. Por ejemplo, la producción pecuaria cerró con un 0.9% y la silvicultura, extracción de madera y pesca se ubicó en un 0.5%.

Estos resultados dejan ver la problemática tan grande que vive el sector agropecuario; las políticas públicas han sido mínimas y eso se refleja en el poco interés que ha tenido el gobierno nacional frente al campo colombiano, contrario a lo anunciado en muchas ocasiones por Santos, donde señalaba que el sector agropecuario seria esa gran autopista para la paz. Cabe recordar que de autopista no tiene nada, que se parece mas a una vía terciaria destapada y abandonada.

En consecuencia, no es sorprendente la reacción de varios gremios que representan varias actividades agropecuarias e inclusive, la reacción del ex Superintendente de Notariado del actual gobierno, que en varios medios  denunció  que ese proyecto de tierras amenaza de manera directa la propiedad privada en el país y no permite que haya inversión y desarrollo en el campo.

Ante esto, el país debe prepararse y no aceptar que los mayores victimarios del campo colombiano se vayan a ver beneficiados con una norma hecha a la medida de sus demandas y que tiene como único fin legalizar las miles de hectáreas que por más de 50 años le han despojado a los colombianos de bien.

Por eso es que cabe preguntarle al gobierno Santos ¿Para quién quiere las tierras: para las Farc o para los ciudadanos honestos?

@camilorubianobe

Publicado: mayo 15 de 2017