Santos está perfectamente liquidado: las evidencias contra él son totalmente incontrovertibles. Sus campañas presidenciales fueron financiadas ilegalmente, razón por la que él y sus más cercanos colaboradores -entre los que se encuentra su hijo Martín- deben ser llevados ante los estrados judiciales.

Los casos de Santos -2010 y 2014- y Ernesto Samper -1994- son espantosamente parecidos. Plata en efectivo, empresarios involucrados, robo de parte del dinero donado y toda suerte de cortinas de humo para desviar la atención de la opinión pública.

A Samper lo financió la mafia de Cali y a Santos la mafia de la corrupción. En el caso de Samper, el principal opositor y crítico del régimen, Álvaro Gómez Hurtado, fue brutalmente asesinado. En el de Santos, el opositor es el expresidente Álvaro Uribe, a quien además de intentar matar, han querido meter a la cárcel, inventando toda suerte de procesos fantasiosos.

Samper se deshizo de su opositor facilitando su asesinato, mientras que Santos -un poco menos brutal-, urdió toda suerte de montajes judiciales para minar moralmente al presidente Uribe. Falló en el intento.

Queda claro que la campaña santista movió miles de millones de pesos para la segunda vuelta de 2014. Recuérdese que Oscar Iván Zuluaga había ganado -también con ayuda de Odebrecht- la primera vuelta de aquel certamen electoral.

Existen los testimonios y las evidencias de los ríos de dinero que se movieron ilegalmente para favorecer la victoria de Santos.

Y en esa operación criminal, uno de los principales ejecutores fue el hasta ahora desaparecido Simón Gaviria, quien resolvió evaporarse para evitar darle explicaciones a la sociedad colombiana.

Gaviria, como presidente del partido Liberal, designó a Esteban Moreno y a la hoy disfrazada de uribista, Ángela Garzón, como gerentes de la campaña liberal de 2014.

Fue a través de esa gerencia, como se estableció la ruta para el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña reeleccionista.

Moreno está a punto de terminar en la cárcel, mientras que la señora Garzón, continúa sin aclarar su participación en ese asqueroso episodio de corrupción.

Debe establecerse, por parte de las autoridades judiciales, cuál fue la ruta del dinero que se movió durante la campaña de Santos en 2014 -específicamente en la segunda vuelta- y si los gerentes del liberalismo -Moreno y Garzón- entregaron todo lo que se tramitó en efectivo o si, por el contrario, una parte se quedó en su poder.

Urge que la justicia proceda con toda la celeridad en este caso. Si bien en cierto que Santos está a salvo, pues a él lo investiga y juzga la desprestigiada comisión de acusaciones, no menos lo es que sus cómplices no gozan de fuero alguno, razón por la que la justicia ordinaria está facultada para proceder en contra de ellos cuando así lo determine. Las pruebas abundan y si la justicia tiene interés de sancionar a los responsables, tiene todo en sus manos para ponerlos tras las rejas. Que el caso de Odebrecht-Santos no vaya a quedar en la impunidad en que en su momento quedó el proceso 8000, en el que Samper salió invicto, a pesar de haber participado en la financiación ilegal de su campaña y en la posterior ejecución de quien se posicionó como el jefe de la oposición a su gobierno, el líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado.

@IrreverentesCol

Publicado: julio 8 de 2019