De ganar el SÍ, la estabilidad democrática de Colombia estará en riesgo. El nuestro será una suerte de Estado fallido.

El domingo, Colombia se juega el todo por el todo. No se trata de una simple votación, sino del futuro de nuestra democracia. La sociedad colombiana está en grave riesgo. De ganar el SÍ, los valores republicanos que han regido a nuestro país estarán seriamente amenazados por cuenta de la entrada en vigor de unos acuerdos claramente inconvenientes.

No es aceptable desde ningún punto de vista que unos criminales de guerra queden convertidos en un grupo político. Aquellos que durante décadas atentaron contra la democracia, deben ser severamente castigados por ella y la mejor manera de hacerlo es votando masivamente por el NO.

Los acuerdos son son dañinos y van en detrimento del Estado colombiano. Son 297 páginas colmadas de premios y beneficios a los integrantes de una organización armada ilegal comprometidos en la comisión de graves delitos contra la humanidad.

Como bien lo dijo en este portal el exprocurador Alejandro Ordóñez, el proceso de paz con las Farc es, en el fondo, una monumental operación de lavado de activos, con lo que Colombia tendrá que cargar quizás para siempre con la vergüenza de haberse convertido en un narcoestado. (Puede leer “No estoy convencido de que vaya a haber elecciones en el 2018”)

Se busca y se quiere la paz. Sobre ese postulado hay consenso nacional. Nadie desea que nuestro país siga sumido en la ola de violencia que lo ha azotado durante largos y dolorosos años. Pero la paz debe construirse con base en las necesidades y las exigencias de los ciudadanos desarmados, aquellos nunca han recurrido a la violencia para efectos de imponer a la brava sus puntos de vista.

La paz estable y duradera es aquella que respeta las instituciones y no la que las vuelve trizas como en efecto sucederá una vez se comience a implementar el paquete de medidas negociadas en La Habana.

Grave daño se le hace a nuestra estructura jurídica la implantación del denominado Tribunal Especial de Paz que será prevalente y no respetará ni los códigos ni los procedimientos que actualmente existen en el país. En adelante, todos los colombianos se presumirán culpables de haber participado de una u otra manera en el denominado “conflicto armado interno”.

Como si el nuestro fuera un Estado fallido, se delegará la administración de justicia en jueces extranjeros que no conocen nuestras normas ni nuestros antecedentes. Personas que seguramente cumplirán la innoble misión de poner en marcha lo que en la teoría se conoce como el “derecho penal del enemigo” que en resumen significa la utilización de la capacidad punitiva del Estado para perseguir y eliminar judicialmente a aquel que no esté de acuerdo con los postulados de quien tiene la responsabilidad de administrar justicia.

El mundo ya ha sufrido ese tipo de experimentos y el resultado ha sido nefando. En la Alemania de Hitler, los jueces no obraban con apego a la justicia sino en cumplimiento del programa político del partido Nacionalsocialista de los trabajadores.

Para no ir muy lejos en el tiempo, basta con mirar lo que sucede en Venezuela, país en el que el chavismo cooptó todos los poderes, empezando por el judicial. Jueces y magistrados, al servicio de la causa del tirano tropical, cumplen la misión de llevar a la cárcel a aquellos que, dentro de la democracia, se oponen a los desmanes autoritarios de la satrapía.

Resulta estrambótico que todo un país se ponga de rodillas ante las pretensiones de una banda armada ilegal que tiene poco más de 5 mil miembros. Que se tenga que “tragar el sapo” de verlos impunes, sonrientes y sin arrepentimiento por el dolor que causaron en millones de hogares. No es sano que esos victimarios, además, queden facultados para ocupar curules en el Congreso de la República, escaños asignados a dedo. Es muy difícil aceptar que una persona deba someterse a las rigurosas reglas de la democracia para llegar al parlamento, mientras que los terroristas, sin mérito ni merecimiento alguno, serán dueños de un importante porcentaje de la rama legislativa.

Cuando los Padres de la Patria ofrendaron sus vidas por nuestra independencia, lo hicieron con el anhelo de hacer del nuestro un país libre de opresores. 200 años después, Juan Manuel Santos pisotea el legado de nuestros próceres, rindiéndose frente a Timochenko y sus secuaces y entregándoles las escrituras de ese país que algún día se conoció con el nombre de Colombia.

@IrreverentesCol