A Colombia se la están robando y no existe una sola herramienta eficaz para evitar el saqueo de por lo menos $50 billones de pesos cada año.

La Contraloría General de la República, es una entidad que, por sus propias características, sólo puede ejercer control con posterioridad a la ejecución de los presupuestos. Aquello, en plata blanca, significa que quienes tienen la función de cuidar el dinero público, solo pueden actuar cuando los robos han sido perfeccionados. 

Las cifras reveladas por el contralor Felipe Córdoba son espeluznantes: la entidad que él dirige, solo puede vigilar el 17% del presupuesto público y solo se recupera el 0.4% de las irregularidades investigadas. El resto se esfuma, queda en manos de los corruptos. 

Si en efecto el país quiere luchar frontalmente contra los corruptos, es necesario que el control que se ejerce sobre las ejecuciones presupuestales no sea selectivo. Se dirá que entonces la Contraloría se burocratizará aún más, lo cual no es en absoluto cierto, pues es evidente que si se quiere cuidar la plata de los colombianos, se requiere de un equipo humano de las mayores calidades y capaz de identificar e impetrar las sanciones suficientes contra los corruptos.

Es verdad que antes de 1991, cuando la contraloría ejercía un control previo, la corrupción fue desbordante por cuenta de las coimas que cobraban los investigadores, a cambio de no entorpecer el desarrollo natural de los proyectos. 

No son pocos los expertos que coinciden al afirmar que buena parte del subdesarrollo en materia de infraestructura de nuestro país, es una consecuencia del control previo de la Contraloría General.

Lo cierto es que urge emprender los cambios necesarios. Probado está que el control posterior es, básicamente, un saludo a la bandera que pone en evidencia la obsolescencia de la Contraloría. De nada le sirve al país que se indague por el destino de los recursos públicos, cinco años después de su ejecución. 

El congreso de la República, en consecuencia, debe entender la relevancia de la propuesta del doctor Córdoba que apunta al establecimiento de controles preventivos -que no previos- y concomitantes a la ejecución del presupuesto. 

Aquella, es la única alternativa viable y realista para una vigilancia real del presupuesto nacional. Cualquier posición en contra de la iniciativa del Contralor General, debe ser entendida como un pataleo de los corruptos y de sus aliados. 

La corrupción no se combate con discursos rimbombantes, ni con columnas de opinión que reflejen la indignación de quien las escribe, sino a través de la implementación de modelos concretos de vigilancia del dinero nacional. 

Llama poderosamente la atención la desconcertante actitud del consejo gremial que ha intentado ponerle palos a rueda a la iniciativa del contralor general, dando a entender mentirosamente que él busca implementar el control previo, cuando el propio Córdoba ha afirmado enfáticamente que se trata de incorporar herramientas para hacer controles preventivos, en tiempo real, que no son vinculantes, pero tienen la capacidad de enviar alertas frente a posibles irregularidades. 

Realista y profundamente sensata la propuesta del doctor Felipe Córdoba, quien merece todo el apoyo de los partidos políticos y de la opinión pública. La suya es una iniciativa eficaz en la lucha contra la corrupción y sería muy frustrante que, por intereses personales y mezquinos, esta terminara hundiéndose en el Congreso de la República.

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 27 de 2019