Desde que ocurrió el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado el 2 de noviembre de 1995, la camarilla samperista empezó a desviar la atención del crimen. Desde la fiscalía de Gómez Méndez se hizo el trabajo sucio al fabricar una teoría del caso totalmente absurda con el fin de salvarle el pellejo al presidente y a su escudero Horacio Serpa, quien murió sin responder por ese crimen.

Otros llevan décadas diciendo que el doctor Gómez Hurtado era una persona intrascendente y que es una pamplina eso de que él fungía como jefe de la oposición al narcorégimen, una tesis a todas luces descabellada pero muchos despistados -y algunos cómplices- han comprado, sin evaluar las pruebas que desde siempre se han conocido y que la justicia no ha querido ponderar con la seriedad que corresponde.

Fernando Botero Zea dijo hace muchos años que él no tenía la menor duda de que el de Álvaro Gómez fue un crimen de Estado y señaló que el DAS hacía seguimientos contra él. Por ahí apareció una carpeta en la que reposaban “análisis” de sus editoriales y posiciones públicas en contra de Samper, luego de que el país pudiera comprobar que ese individuo efectivamente le vendió la presidencia a la mafia.

Ha pasado desapercibido un nuevo hecho relacionado con el gobierno de Samper y con el DAS, entidad que sirvió como una policía política durante aquel cuatrienio. La JEP reveló la existencia de ordenes escritas que salieron de ese departamento con el fin de hacer seguimientos sin ordenes judiciales contra miembros de la UP, el partido comunista colombiano y el M-19.

Los documentos revelados por el tribunal encargado de garantizar la impunidad de los terroristas de la JEP son del año 1995 cuando la dirección del DAS estaba en manos del polémico Ramiro Bejarano Guzmán quien estuvo en ese cargo desde agosto de 1994 hasta finales de diciembre de 1995, un mes y medio después del asesinato de Gómez.

Llama poderosamente la atención que la JEP sólo se haya concentrado en los aparentes seguimientos a miembros de la extrema izquierda -hecho que es supremamente delicado- y obvie concentrarse en lo que tiene que ver con el magnicidio del jefe conservador que, así le irrite a los sabuesos samperistas, sí era la cabeza visible y el punto de referencia de la oposición a ese gobierno corrupto y criminal.

Samper y los suyos tienen que poner la cara y dar las explicaciones del caso. Pero también la JEP, al decir popular, tiene que llorar por ambos ojos. No es admisible que sus investigaciones pasen de largo frente al crimen de Álvaro Gómez, hecho que hirió de muerte a la democracia de Colombia.

@IrreverentesCol

Publicado: noviembre 28 de 2021