A comienzos del siglo XX a nuestro país llegó una gripa mortal, que provenía de España, que terminaba causando daños infecciosos al sistema respiratorio de las personas, ocasionándoles bronconeumonía, pulmonía y tifoidea, hasta matarlas de ipso facto. Pocas familias no tienen en su tradición algún miembro de su árbol genealógico un muerto a causa de la famosa pandemia. Esa enfermedad, la guerra de los mil días y las noticias sobre las secuelas de la primera guerra mundial, pusieron a nuestro país capitalino a pensar en invertir en la salud pública.

Después, la generación que sucedió a esa, dejó de pensar en la salud y volvió a la guerra. La de las desigualdades sociales y políticas que alimentaron la violencia campesina y la disputa por la tierra en los años cincuenta. Liberales y conservadores se enfrentaron sin ninguna ideología, solamente por linderos territoriales y de supervivencia, hasta cuando se inventaron el frente nacional para alternar el poder entre quienes fueron acusados de alimentar el conflicto. Desde entonces el país se debate en un escenario de discusión por encontrar un modelo que satisfaga las expectativas de lo que desde cada trinchera política, partido o movimiento se plantea como el ideal para vivir en armonía. Pero la salud, siempre esperando una oportunidad para que las políticas públicas la atiendan como prioridad social y le brinden los recursos necesarios para que toda la población, sin exclusión alguna, tenga acceso a la atención básica que le garantice un buen estado de salud para disfrutar la vida con calidad.

La gripa de 1918, y el COVID-19 de un siglo después, nos pegan como les pego a todos. No se detiene a escoger paciente de régimen subsidiado, contributivo o de salud prepagada. Ello nos invita a reflexionar sobre lo importante que resulta cambiar el esquema de atención en salud. Definitivamente con lo que sucede hoy en el mundo, se requiere plantear con claridad dos derechos esenciales para tener un sistema de salud integral en óptimas condiciones. Es necesario que la humanidad se detenga a discutir el control demográfico, la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable y los servicios domiciliarios esenciales para la vida. Un estado saludable, requiere que se eleve a derecho fundamental de goce eficaz y garantizado, el agua potable y la alimentación de toda persona, partiendo del concepto universal que se es persona desde que se nace y se respira al menos un instante; alimentación que establezca y permita acceder a unos niveles básicos proteínicos para mantener un cuerpo sano y un sistema inmune a la enfermedad. 

El COVID 19 nos dejará la lección de solidaridad. Después de la gripa de 1918, se inventaron los pabellones de caridad de los hospitales públicos. Se hablaba de pacientes pensionados o de caridad, diferenciando entre pobres y ricos. Luego vino el régimen de la ley 100 que nos separó entre los del régimen subsidiado, contributivo y la franja de los vinculados que no estaban en ningunos de los dos regímenes y la elitización del sistema, con la salud prepagada. La pandemia que nos encerró, nos dice que de nada sirve cualquiera de esos regímenes y sistemas si no hay infraestructura para la atención en salud y si el sistema inmunológico y de defensa de las personas no está fortalecido. Eso es con buena alimentación, buena higiene y buenas condiciones de vida.   

@AlirioMoreno

Publicado: abril 23 de 2020