Las autoridades deben poner su mirada sobre la fundación Buen Gobierno, entidad que manejó buena parte de la campaña santista.

Las recientes revelaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación respecto del millón de dólares que Odebrecht, a través de la empresa panameña Paddington vinculada con la poderosa firma de publicidad Sancho BBDO, obligan a insistir en la necesidad de que el santismo exhiba en el término de la distancia las cuentas reales de la campaña reeleccionista.

Queda claro que Roberto Prieto, en su condición de gerente de la candidatura de Santos en 2014, presentó ante el Consejo Nacional Electoral una rendición de gastos irreal, habida cuenta que por debajo de cuerda ingresaron –que se sepa hasta el momento- por lo menos $2 millones de dólares donados por la firma Odebrecht.

En cuanto a la empresa de publicidad Sancho BBD, de acuerdo con el criterio de un abogado penalista consultado por LOS IRREVERENTES, sus directivos estarían incursos en el delito de lavado de activos. “Para que se configure el delito o tipo penal de lavado de activos, la ley y la jurisprudencia indican que se requiere la existencia de un delito subyacente. Esto es: que el origen de esos dineros sea ilegal. Narcotráfico o corrupción, por citarle un par de ejemplos. En este caso, por supuesto que hay un lavado de activos porque el origen de esos dineros es la corrupción. Quienes fueron sus depositarios, tenían que conocer el origen espurio e ilícito de aquel dinero. Esas personas se prestaron para lavar y encaminar el destino de la plata”, puntualizó el jurista consultado.

Desde este portal se ha preguntado insistentemente por las cuentas de la fundación Buen Gobierno, entidad que fue utilizada por Juan Manuel Santos como campaña paralela.

Como es sabido, en junio de 2013 Santos le ordenó a su escudero Juan Mesa Zuleta que saliera de la Casa de Nariño para asumir la dirección ejecutiva de Buen Gobierno. Mesa cumplió la directriz con lujo de detalles. Montó una verdadera maquinaria electorera con sedes en 11 departamentos de Colombia y puso en marcha una gigantesca operación proselitista que claramente debió costar miles de millones de pesos.

El actual director de Buen Gobierno, el joven Martín Santos ha eludido las demandas de la opinión pública que de manera insistente ha exigido que se revelen la cuentas de la fundación. ¿Cuál es el temor del hijo del presidente? Si las cosas están en orden, no habría nada que ocultar, o maquillar contablemente. La transparencia siempre se defiende por si misma.

Aún hay unas fichas del rompecabezas que el país todavía no conoce. El cuestionado Roberto Prieto ha empezado a desmarcarse del escándalo. Aunque aún sigue sin ponerle la cara al país para brindar las explicaciones que se requieren por el millón de dólares que Otto Bula –agente corruptor al servicio de Odebrecht- le entregó a su socio Andrés Giraldo, con destino a la gerencia de la campaña reeleccionista, en las últimas horas ha enviado mensajes implorando que también se les pregunte a César Gaviria, el exembajador Orlando Sardi y Juan Mesa Zuleta por los ingresos fraudulentos a la campaña santista.

El gerente Roberto Prieto, quien no quiso responder preguntas de los periodistas de LOS IRREVERENTES, sería procesado por tres delitos:  concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De ser hallado culpable, recibiría una sentencia de más de 25 años de prisión.

Una fuente de la fiscalía le confirmó a este portal que entre la investigación, no se descarta hacer una revisión pormenorizada del patrimonio en Colombia y en el exterior de Prieto y sus posibles cómplices (Al respecto puede leer “La ruta del tesoro”).

Miles de millones de pesos dejan rastro. Aunque Prieto es experto en administrar dineros mal habidos en campañas políticas, resultará imposible para los partícipes del ilícito borrar, manipular o alterar todos los rastros. Si alguien conoce bien las entrañas de la fundación Buen Gobierno es, precisamente, Roberto Prieto a quien hace algunos años Juan Manuel Santos le confió su dirección administrativa. Si efectivamente la Fiscalía General de la Nación quiere descubrir la verdad sobre la financiación de la campaña del presidente Santos, entonces debe concentrar la investigación en Buen Gobierno.

Lo cierto es que este no es un episodio menor. Se trata de una de las operaciones de corrupción más escandalosas de la historia reciente. Pareciera que el país no aprendió la lección. En los 90 del siglo pasado, también con la participación activa de Roberto Prieto, Samper le vendió la dignidad de la República a un cartel del narcotráfico (Puede leer: “Del 8000 a Odebrecht”). Veinte años después, la transacción se repitió, esta vez con la empresa que corrompió a los gobiernos de los países en los que tenía millonarios contratos de infraestructura.

@IrreverentesCol

Publicado: marzo 8 de 2017