¡Claro que la corte suprema es un tribunal politizado! Basta observar los últimos acontecimientos, para concluir el talante mezquino de sus magistrados que, en vez de ejercer como jueces, actúan como activistas políticos con capacidad de procesar y encarcelar a sus rivales.

La línea de tiempo de las últimas actuaciones contra Uribe, es espeluznante: en la mañana del domingo 16 de mayo, el expresidente lanzó un trino cuestionando al magistrado de la sala penal, Luis Hernández por ejercer presión ante la Corte Constitucional para que sus integrantes negaran una acción de tutela presentada por el exministro Arias.

Cinco horas después del reclamo, la corte suprema notificó al exmandatario de la apertura de una investigación por el caso de Andrómeda.

El pasado domingo, en horas de la mañana Álvaro Uribe y Andrés Pastrana hicieron gravísimas revelaciones en el caso Odebrecht, dejando en evidencia -una vez más- el maridaje entre Juan Manuel Santos y esa empresa.

Inmediatamente, los involucrados en aquel entramado de corrupción, empezaron a mover sus hilos. Esa misma tarde, a través de las redes sociales, se desató una brutal campaña de desprestigio contra Pastrana por su amistad con el pedófilo estadounidense, Geffrey Epstein.

Como si aquello no fuera suficiente, la corte suprema -haciéndole un evidente mandado a Santos, Vargas Lleras, Cesar y Simón Gaviria- anunció una nueva indagación en contra del presidente Uribe.

Pero lo grave es que dicha investigación ya había empezado a producirse desde finales del año pasado, con fundamento en un anónimo absurdo.

Uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos garantiza que nadie podrá ser investigado dos veces por los mismos hechos. Resulta preocupante que el más alto tribunal de nuestro país, resuelva abrir dos investigaciones contra Álvaro Uribe, basándose en la misma nota apócrifa.

Y más preocupante aún, que la corte que en múltiples providencias ha dicho que un anónimo no es medio de prueba, se valga de uno para perseguir judicialmente al doctor Uribe.

En una providencia del año 2016, suscrita por el magistrado de la sala penal Acuña Vizcaya, se lee claramente que “estas normas prohíben de manera general la admisión de quejas anónimas como fundamento de la acción penal y de otra clase de acciones, y solo autorizan reconocerle el carácter de criterio orientador de indagaciones oficiosas cuando aportan evidencias o suministran datos concretos…”.

Más adelante, el mismo auto concluyó que un anónimo “no es medio de prueba: por lo tanto no puede ser prueba de referencia”.

Puesta en evidencia la burda tramoya contra Uribe, la misma corte mandó una razón a través del cuestionado periodista Néstor Morales, diciendo que se trataba de una equivocación y que, en consecuencia, una de las dos investigaciones iba a ser cerrada para permitir el avance de la que fue anunciada recientemente.

Llama la atención la cantidad de “equivocaciones” de la corte, cuando de Álvaro Uribe se trata. Debe tenerse de presente que, por “error”, le chuzaron sin orden judicial el teléfono y le interceptaron varias decenas de miles de comunicaciones. Cuando los abogados del exmandatario descubrieron que el magistrado Barceló -célebre por impartir justicia en estado de beodez- había ordenado la comisión de ese delito, la corte se apresuró a enmendar su supuesto “descuido” y, en un acto de malabarismo judicial, se ordenó la legalización de las interceptaciones en cuestión.  

Ahora, pretenden salir del embrollo apelando a un libreto semejante: que por “descuido” se iniciaron dos indagaciones paralelas, con fundamento en un mismo correo electrónico anónimo y que, en aras de subsanar la falta, se cerrará una de ellas.

Falta saber con qué historia explicarán que, a pesar de que jurisprudencialmente se ha concluido que los anónimos no sirven como prueba, en el caso de Uribe, por ser él, éstos sí tienen validez. ¡Mayor descaro, imposible!

@IrreverentesCol

Publicado: junio 4 de 2020