Sería lógico pensar que en Colombia ya no hay secuestros, extorsiones, narcotráfico y mucho menos desplazamiento, pues en un país en ¨paz¨, en donde el último día de la guerra fue anunciado con bombos por el Presidente de la República, los índices de violencia tendrían que tener una inclinación a disminuir con el paso de los días. Pero la lógica parece no coincidir con la realidad. En Colombia continúan los secuestros, el desplazamiento forzado, el narcotráfico y la extorsión.

Distante de dicha lógica, nuevas violencias han surgido, nuevos grupos armados disputan territorios con disidentes de las Farc, y lo que es aún más grave, un grupo que al 2010 estaba totalmente debilitado, hoy ha aumentado su pie de fuerza y ha logrado dominar territorios perdidos.

En el pacífico colombiano, por ejemplo, hasta hace unos años la presencia del ELN era marginal, sin embargo, hoy está fortalecida en territorios como El Carmen de Darién y la Costa del Pacífico nariñense, con el agravante que en El Carmen de Darién hay fuerte presencia del Clan del Golfo y en la Costa de Nariño las llamadas disidencias de las Farc.

A propósito, en un repaso por la historia del proceso de ¨paz¨, a la fecha y muy lejano a lo anunciado en La Habana, seis frentes de las Farc están en disidencia. El frente primero, dieciséis y siete que operan en Guainía, Guaviare, Vichada y Meta; tiene a su cargo gran parte del negocio del narcotráfico y la minería ilegal de la región; por su parte el frente cincuenta y siete obra en las fronteras con Panamá, y tiene el monopolio del contrabando de armas y el manejo de rutas hacia Centroamérica desde la zona. También hay datos de operaciones de la columna móvil Daniel Aldana que opera en el Cauca, y es la encargada de las alianzas con el Cartel de Sinaloa en el negocio del narcotráfico. (Fuente : Noticias RCN).

El narcotráfico, es sin duda, el botín que heredaron los disidentes de las Farc y que hoy se disputan con nuevos grupos armados, ocasionando perdurabilidad de la violencia de lo que hoy el presidente Santos llama territorios de paz.

Los cultivos y producción de coca en Colombia en 2016 alcanzaron su máximo histórico, 188.000 hectáreas sembradas (Fuente: Oficina Nacional para la Política de Control de Drogas (ONDCP)). y aunque pareciera poco probable a primeras luces, a junio de 2017 se siguen presentando desplazamientos masivos, a consecuencia de enfrentamientos armados por disputas de territorio, como los registrados en abril en los municipios de Riosucio e Iscuandé. En lo que va corrido de 2017, 3.549 personas y 913 familias han sido desplazadas. (Informe OEA, Seguridad en las regiones del país).

Por su parte, la extorsión ha tenido significativo aumento en los últimos meses, en 2016 se registraron 4100 casos (cifras: SIJIN). En mayo de 2017 fue secuestrado por disidentes de las Farc un funcionario de la ONU en el Guaviare.  Hace unos días fue secuestrados por ELN dos ciudadanos holandeses en Norte de Santander.

Al desplazamiento, los secuestros, el narcotráfico y la extorsión debemos sumarle la violencia en las regiones, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, a nivel de Departamentos, la tasa de homicidios está creciendo a un 59% en comparación con el año inmediatamente anterior. Por ejemplo, en Antioquia se reporta un aumento en la tasa de homicidios del 31 por ciento; en La Guajira, de un 16 por ciento, y en Nariño, del 21 por ciento. Nuestra historia que con las desmovilizaciones estas formas de violencia se configuren en delincuencia común, pero debemos aprender del pasado y con firmeza prever y combatir esta transformación.

Las cifras son irrefutables, la seguridad en Colombia va en decadencia desde la firma del acuerdo de paz, muchos de ustedes se estarán preguntando la razón de la nueva generación de violencia. La respuesta no es otra, que la permisividad del gobierno de Juan Manuel Santos que se ha dado a partir de la firma del acuerdo de paz con las Farc.

La permisividad destruye, avalar el negocio del narcotráfico como delito conexo político, acreedor de amnistía y sin posibilidad de extradición, ha sido estímulo para que grupos armados potencien y ahora se disputen narcotráfico en los territorios rurales. El proceso de paz no implica que se acaben las formas de violencia en determinados rincones de nuestro territorio, sino que estas empiezan a mutar bien sea en delincuencia común o en nuevos grupos armados terroristas y guerrilleros como el Clan del Golfo, el ELN fortalecido, la disidencia de las FARC; o el nuevo MRP, que opera como  guerrilla urbana, y por ende requieren la injerencia de nuestras fuerzas armadas para controlarlos. Recordemos que la ausencia del Estado nos ha llevado a esta guerra de terror de más de 50 años, y no podemos permitir que por la ausencia del Estado, nuevas fuerzas terminen de florecer. La participación del Estado en dichos sectores históricamente rezagados debe prestarse no sólo mediante seguridad, sino también mediante políticas públicas que permitan un fortalecimiento de su economía y educación para lo cual se necesita el apoyo de los gobiernos locales.

La permisividad destruye, muchos de los miembros de las Farc han cambiado su brazalete para seguir delinquiendo, los disidentes ya no son temerosos de las acciones del gobierno, la impunidad otorgada a las Farc ha emitido un mensaje para seguir delinquiendo y obtener a cambio prebendas económicas y políticas.

La permisividad destruye y Colombia está nuevamente al borde del abismo de la violencia, pero como lo he repetido en mis columnas, la esperanza está en las elecciones de 2018, como colombianos debemos elegir bien, para recuperar la Seguridad Democrática.

@natiibedoya

Publicado: junio 22 de 2017