Uno de los aspectos del acuerdo Santos-Farc que despierta mayores suspicacias, es el que tiene que ver con el gigantesco brazo armado que dejó esa guerrilla, para efectos de garantizar su propia seguridad. 

Miembros desmovilizados de la organización que continúa siendo calificada como terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, fueron incorporados a la Unidad Nacional de Protección -UNP-, con el propósito de servir como guardaespaldas de los cabecillas de las Farc, que fungen como dirigentes políticos. 

Es evidentemente preocupante que una organización violenta, reconocida por  su peligrosidad, y que hasta ahora está haciendo tránsito hacia la reincorporación, tenga a su servicio una poderosa e intimidante estructura armada. 

En democracia, la colectividades no gozan del apoyo de hombres fuertemente armados. El caso de las Farc, es perfectamente comparable con Hezbollah, grupo político libanés que combina el ejercicio político con la acción terrorista. 

La UNP, que estaba bajo la dirección de Pablo Elías González, es una entidad profesional que ha cumplido con solvencia la dura misión de proteger a los colombianos que sufren algún tipo de amenaza. 

Mientras se designa a un nuevo director, el gobierno nombró temporalmente al viceministro del Interior, el uribista Daniel Palacios.

Seguramente, las Farc esperan que la UNP quede en manos de alguno de los terroristas en los que ellos tanto confían y, por eso, reaccionaron violentamente contra Palacios, un funcionario que ha dado sobradas muestras de ponderación y seriedad.

Palacios, como buena parte de la sociedad colombiana, desconfió de las Farc y del acuerdo espurio que esa banda delincuencial suscribió con el gobierno de Santos. Sus posiciones políticas, que gozan de toda la legitimidad, no lo descalifican en absoluto. 

Las Farc deben entender que sus opositores no emplean las mismas herramientas violentas que ellos acostumbran utilizar. Por eso, resulta inadmisible el señalamiento que le han hecho a Palacios, dando a entender que su vida -la de los terroristas desmovilizados-, corre riesgo mientras el viceministro funja como director encargado de la UNP. 

Es cierto que algunos miembros de las Farc han sido asesinados. Esa es una verdad incontrovertible, pero tampoco se puede negar que buena parte de los crímenes que se han cometido contra los antiguos guerrilleros, han sido como consecuencia de ajustes de cuentas entre ellos mismos. 

Que un delincuente de la talla de Carlos Antonio Lozadaalias Tornillo, señalado de los peores crímenes y abusos contra niños, acuse al viceministro Palacios y tienda sobre su dignidad un manto de duda, es inadmisible. Si se va a hablar de criminales, corresponde entonces concentrarse en los miembros de las Farc y no en los funcionarios honestos del gobierno nacional. 

¿A qué le temen las Farc? Los jefes directos del director de la UNP son la ministra del Interior, Alicia Arango y el viceministro Palacio, ambos del Centro Democrático. En vez de hacer señalamientos temerarios, los miembros de ese grupo terrorista, deberían aclararle al país por qué sus escoltas reciben viáticos 4 veces más altos que el resto de miembros de la UNP, por no hablar del subsidio de combustible con el que son favorecidos. 

@IrreverentesCol

Publicado: febrero 26 de 2020