En Colombia todos asumen la responsabilidad generada por los actos terroristas, menos los victimarios. El Nogal es el mejor ejemplo de ello. Mientras las Farc posan impunemente de adalides de la moral en el Congreso y El Paisa recorre tranquilamente Venezuela con Santrich, el Club, también víctima del atentado, ahora deberá asumir la reparación de los daños causados a las víctimas, situación en la que muy seguramente también terminará el Estado.

¿Por qué sucede esto?

Varias razones. Por un lado, el Consejo de Estado a lo largo de los años ha construido una jurisprudencia donde es casi imposible para la Nación defenderse exitosamente de las demandas que se interponen en su contra cuando acontece un atentado terrorista.

Pensemos en el siguiente caso: el Ministerio de Defensa instala una base militar en una zona estratégica para combatir el terrorismo, donde, como casi siempre ocurre, hay población cerca. En este contexto, si un grupo armado llega a atentar contra el batallón y algunos civiles resultan heridos, se considera que la administración expuso a los habitantes a un riesgo excepcional que no deben asumir, dado que las bases son objetivos propensos de ser atacados, con lo cual el Estado termina condenado a reparar los daños causados.

Sin embargo, si el Ministerio no instala la base militar y llega a haber un atentado contra esa población civil, la Nación también resulta condenada a reparar los daños, toda vez que se considera que hubo una falla del servicio, es decir, que el Estado no cumplió a cabalidad con su función de proveer seguridad a los habitantes.

En otras palabras, el Estado pierde con cara y pierde con sello. Lo condenan si hace y si no hace. Es una lógica absurda que tiene enormes implicaciones presupuestales y termina generando una protección patrimonial a los victimarios.

De hecho, en su momento el Consejo de Estado, frente al caso de El Nogal, sostuvo que la Nación puso en riesgo a la población civil que acudía al Club, dado que allí se reunían altos funcionarios del Estado. De ser cierta tan irrisoria lógica, ningún Ministro, Congresista, Magistrado o Embajador podría ir a almorzar a un restaurante o pernoctar en un hotel, ya que su sola presencia implica un riesgo para la sociedad. Prácticamente tendrían que vivir 24/7 en sus despachos…

Aunque la Corte Constitucional tumbó ese fallo vía tutela, el Consejo de Estado debe volverlo a estructurar y seguramente corregirá los errores de forma que se cometieron para, ahí sí, condenar de manera definitiva al Estado a asumir la responsabilidad de uno de los atentados más miserables que ha sufrido el País.

Por otro lado, ahora la Corte Suprema determinó que El Nogal debe reparar a las víctimas ante las fallas en los protocolos de seguridad. Aunque este panorama es diferente al del Estado y responde a una dinámica contractual privada, lo cierto es que el Club, a pesar de también ser víctima, pagará los platos rotos de un acto terrorista imprevisto y completamente ajeno a su voluntad.

Mientras tanto, los verdaderos responsables gozan de impunidad absoluta, legislan en nombre de los colombianos y no han reparado a las víctimas. Además, al mismo tiempo que piden perdón en las audiencias, presentan una lista de bienes donde el 73% de los inmuebles reportados no han podido ser ubicados y el 45% de las propiedades verificadas no tienen vocación reparadora. Una verdadera burla.

En últimas, todos responden menos los perpetradores de los actos. La situación de El Nogal es apenas la punta del iceberg del abultado número de demandas de esta naturaleza que afronta el Estado. El régimen de responsabilidad por actos terroristas, que debería ser modificado con urgencia, es absurdo, ilógico y termina condenando a los contribuyentes a pagar las consecuencias de acciones que no cometieron.  

@LuisFerCruz12

Publicado: diciembre 9 de 2020