Difícil encontrar un ejemplo de solidaridad semejante al que se está registrando con el caso del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a quien la fiscalía le dictó medida de aseguramiento, en el marco de una investigación que se venía adelantando desde hace varios años.
Diversos sectores, han indicado que Gaviria es una persona honorable y coinciden en afirmar que él no tiene ninguna responsabilidad en los hechos que le achaca la Fiscalía General.
Al respecto, bien vale hacer una reflexión que riñe con el criterio mayoritario y que pone en evidencia una profunda contradicción.
Una de las mayores quejas de la sociedad colombiana, es la de la ineficacia de nuestra administración de justicia, que se ve reflejada en unos escalofriantes porcentajes de impunidad.
Una persona no puede permaneces sub iudice indefinidamente. Aquello es abiertamente inconstitucional. El artículo 29 de la constitución ordena que los procesos penales no sean objeto de dilaciones injustificadas.
Aquellos que critican al Fiscal Barbosa por los nuevos desarrollos en el caso del gobernador Aníbal Gaviria están, al decir popular, buscando el ahogado río arriba.
Hay que preguntarles a los fiscales anteriores porqué permitieron que esa investigación estuviera engavetada durante una década y media. El primer interesado en que ese caso avanzara debe ser el propio procesado.
Muy seguramente, Gaviria es inocente de lo que la Fiscalía le está endilgando. Un juez de la República tendrá la última palabra, pero el análisis de este caso tiene que adelantarse con ponderación y serenidad.
Dado que los hechos materia de investigación ocurrieron cuando estaba vigente el antiguo código de procedimiento penal, donde se aplicaba el modelo inquisitivo, el Fiscal del caso tiene la responsabilidad de definir la situación jurídica del investigado.
Para que el proceso avance, ya sea hacia la acusación o la preclusión, el investigador tiene el deber de definir la situación jurídica. Y en el caso concreto de Aníbal Gaviria, el encargado del mismo, que es un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, consideró que el gobernador debe permanecer privado de la libertad. Como todas las medidas, ésta es apelable y seguramente la defensa hará lo correspondiente.
Para cualquier ciudadano, cargar con una investigación penal, es como vivir con una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. Las preguntas que pueda tener la justicia, deben ser aclaradas y para el gobernador Gaviria, esta es una estupenda oportunidad para despejar las dudas que desde hace más de 15 años existen respecto de la contratación de la célebre troncal de La Paz, obra que desde siempre ha estado en la mira de la justicia.
Los Fiscales Generales, siempre tienen que soportar las críticas por sus acciones. Si permiten que las investigaciones duerman profundamente en el fondo de un anaquel, serán señalados por su permisividad. Si toman la decisión de evacuar investigaciones añejas que no han sido concluidas, entonces recibirán críticas como las que ahora se le están haciendo al doctor Barbosa quien está haciendo el trabajo -que es muy ingrato- para el que fue designado por la Corte Suprema de Justicia.
Lo fundamental es que al gobernador Aníbal Gaviria se le respeten todos sus derechos, y se le brinden las garantías suficientes para ejercer su defensa y al final del día, muy posiblemente, él confirmará su inocencia.
Publicado: junio 8 de 2020
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