Colombia es un País donde hay más de 7 millones de ciudadanos con algún tipo de discapacidad. Esta cifra equivale al 14% de la población o a los habitantes de una ciudad como Bogotá. De este total, por ejemplo, solo 5mil trabajan en el Estado -que cuenta con 1.2millones de empleados aproximadamente- y salvo notables excepciones como el centro comercial Gran Estación en Bogotá, la mayoría de estas personas sufren serias dificultades para ingresar al mercado laboral.

Por eso, a muy buena hora el Presidente Duque decidió que una de las prioridades dentro de su Gobierno sería la articulación de una política pública que integre a todos los actores estatales para que las personas con alguna condición de discapacidad dejen de estar en el olvido de las instituciones.

Porque la situación era muy clara. A pesar que muchas veces se hablaba en eventos sociales de la importancia de avanzar en la construcción de herramientas que acabaran los obstáculos laborales, económicos y sociales que enfrenta la población con discapacidad, hasta hace 1 año no existía una política seria que estructurara soluciones concretas.

Cada entidad, en términos coloquiales, andaba por su cuenta y adoptaba las medidas que consideraba necesarias. Sin embargo, esta desincronización y la falta de una dependencia que se apropiara con firmeza de las necesidades de esta población hacía que los anuncios se quedaran en eso, en anuncios, y que en la práctica no se proyectaran decisiones que tuvieran en cuenta a un grupo al que históricamente no se ha escuchado.

Y es allí, en medio de estas inmensas dificultades institucionales, donde la creación de la Alta Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad (PcD) al mando de Jairo Clopatofsky, y con un trabajo conjunto con la Vicepresidente Martha Lucía Ramírez, ha sido un punto de quiebre que marcará un antes y un después en la vida de esos 7 millones de compatriotas.

En efecto, no se ha cumplido 1 año desde la creación de esa dependencia y los resultados ya se están empezando a notar. En el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, quedaron sentadas las bases para poner en marcha la política pública de discapacidad, la cual establecerá los lineamientos que han de seguir todas las instituciones del Gobierno para permitir la configuración de espacios que integren a la población con discapacidad en el actuar de la administración.

Además, el trabajo conjunto con los departamentos ha permitido adoptar medidas en entidades territoriales como Antioquia, Bogotá o Bolívar para eliminar cientos de barreras que imposibilitan el contacto de esta población con las instituciones y ejecutar propuestas como adecuar los sitios turísticos como playas y parques para que también puedan ser disfrutados por las personas con discapacidad.

Esta nueva política, sin lugar a dudas, transformará las condiciones de vida de esta población. Sin el determinado compromiso del Presidente, la Vicepresidente y el Consejero Clopatofsky para poner en marcha esta apuesta institucional nada de esto sería posible.

El compromiso social de este Gobierno es innegable. ¡Adelante!

@Tatacabello

Publicado: agosto 16 de 2019