El pasado fin de semana, en los departamentos de Caquetá y Quindío fueron abucheados “Iván Márquez” y “Timochenko”. Como era previsible el inicio político de las Farc no iba a ser fácil porque los colombianos aún recuerdan los miles de delitos que esta agrupación guerrillera cometió por más de medio siglo; y por los cuales no sólo el 4 de febrero de 2008 más de cuatro millones los colombianos salieron a las calles de todo el país para marchar en contra de la organización narcoterrorista autodenominada “Ejército del Pueblo”, sino que el 2 de octubre de 2016 casi seis millones y medio de colombianos -después de 5 años de negociación en Cuba-, votaron NO en el plebiscito que pretendía refrendar el texto que Santos y Timochenko nos traían de Cuba.

Teniendo en consideración que todo acto de violencia sin importar su origen ideológico debe ser objeto de reproche, la explicación más cercana a los hechos del fin semana, en los que la población del Caquetá y del Quindío rechazaron airadamente la campaña política de los miembros del secretariado de las Farc –que no sólo buscan la presidencia sino que sin obtener un solo voto ya tienen 10 curules aseguradas en el Capitolio el próximo 20 de julio-, no es otra, sino la sanción social de los colombianos ante la ausencia de justicia y el hecho de que participen en política sin haber contado la verdad ni haber reparado a las víctimas.

A través de sus cuentas de twitter, Márquez y Timochenko, intentaron sugerir que las protestas de las que habían sido “víctimas” eran fruto de una “manipulación de los sentimientos y de la siembra de odios por parte de una clase política excluyente y mezquina” o que las mismas obedecían a una campaña “de desprestigio que se hizo por más de 50 años”. Estos comentarios no tienen otro propósito diferente al de construir una nueva narrativa nacional, en la que se inviertan las cargas y los roles, se desconozca la responsabilidad de las Farc y los miles de crímenes que cometieron durante más de medio siglo, para justificar la existencia de un único responsable de la violencia en Colombia, el Estado colombiano.

De modo que, debemos corregir a los señores del común, y ser enfáticos al señalar que el reproche social a su proselitismo político no es otra cosa que el llamado -por vías de hecho-, de una nación que está cansada de la violencia y desea la paz, pero que está inconforme por la forma como ésta se negoció; es el rechazo de una nación que se rehúsa a ver en las plazas públicas a criminales de lesa humidad hablando de paz, mientas las familias aún lloran a sus víctimas, es el reclamo de un pueblo que pide justicia y recibe impunidad. La verdad es esencial, pero sin justicia, no hay paz.

@SamuelHoyosM

Publicado: febrero 9 de 2018