Abundan los ejemplos de casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Colombia, obligándola a cancelar multimillonarias indemnizaciones a las personas que acuden a ella, en búsqueda de reparación pecuniaria por afectaciones causadas por el Estado.

En 2018, nuestro país recibió 4 condenas en contra que, al cuantificarse, obligaron el desembolso de varios millones de dólares para satisfacer los daños materiales e inmateriales causados.

Como dato interesante, en buena parte de los procesos que se adelantan ante el sistema Interamericano, las presuntas víctimas tienen un elemento en común: su representación es ejercida por el cuestionado Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR-.

Por regla general, los casos que son llevados a la Corte Interamericana, primero deben hacer tránsito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, ubicada en la ciudad de Washington.

Hace exactamente un año, el 7 de junio de 2019, la congresista de extrema izquierda María José Pizarro fue notificada de una decisión que la pone muy cerca de ser la beneficiaria de una cuantiosísima indemnización. La CIDH emitió un informe de admisibilidad de una petición de reparación integral presentada por ella, a través -cómo no- del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Valga recordar que esa entidad -el colectivo-, ha sido descubierta y sancionada por falsificar víctimas con el propósito de apropiarse indebidamente de dineros del Estado, como ocurrió efectivamente en el caso de la denominada masacre de Mapiripán.

En su momento, la justicia colombiana logró determinar que el colectivo presentó víctimas falsas que fueron indemnizadas. Un porcentaje de dicha reparación, fue a parar a las arcas de esa polémica organización de abogados.

La petición de la Pizarro -que para todos los efectos, hace las veces de una demanda de reparación- tiene que ver con el asesinato de su padre y de las dificultades que ella tuvo cuando era niña, razón por la que hasta no hace mucho tiempo tuvo que utilizar el apellido de su padrastro. Por eso, en algunos documentos públicos a los que LOS IRREVERENTES tuvieron acceso, ella figura como María José Barón Rodríguez, apellido que utilizó hasta julio de 2010, cuando un juzgado de familia decidió que efectivamente ella sí es descendiente biológica del exterrorista del M-19, Carlos Pizarro Leongómez.

Y, precisamente, sobre la muerte del excabecilla del M-19 gira la petición de la congresista Pizarro ante la CIDH, la cual fue presentada el 6 de noviembre de 2009. En los documentos allegados por ella, se alega que Pizarro fue asesinado por un sicario al servicio de los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, el 26 de abril de 1990 dentro de un avión de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla.

Para Pizarro, el sicario contó con el apoyo decidido del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, hecho que convierte al Estado -según ella- en responsable del crimen.

No presentan evidencias que refuerce la hipótesis de la participación del DAS, pero, de acuerdo con los documentos de la CIDH, Pizarro y sus abogados “sostienen que el modus operandi empleado en este caso de magnicidio, es similar al cometido contra Bernardo Jaramillo Ossa, toda vez que en ambos sucesos, en los que el DAS estaba encargado de la seguridad, después de ocurridos los crímenes, se disparó contra los autores materiales con el fin de acallarlos y así impedir que se establezca qué personas estuvieron detrás de los asesinatos”.

Es cuando menos curioso que Pizarro haya golpeado a las puertas del sistema Interamericano, toda vez que en Colombia no se han agotado todas las instancias. El de Pizarro fue declarado como crimen de lesa humanidad, razón por la que aquel no prescribirá. Los hermanos Castaño Gil, fueron enjuiciados y sentenciados más de 20 años de prisión y la justicia ha indagado por la supuesta participación del DAS en ese crimen, sin encontrar una sola prueba que confirme aquella hipótesis.

En el marco de la ley de Justicia y Paz, las autoridades han preguntado a los desmovilizados de las AUC por nuevos detalles de ese asesinato, sin que se hayan entregado indicios que permitan creer que el Estado tuvo algún tipo de participación en el acto criminal.

Además, sería interesante conocer porqué la señora María José Pizarro Rodríguez -o Barón Rodríguez- acudió a tribunales internacionales, sin antes haber presentado su demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa de nuestro país.

El novelón del cambio de nombre

Hasta hace menos de 10 años, quien hoy se conoce como María José Pizarro usaba el nombre de María José Barón Rodríguez.

Siendo una niña, la madre de la hoy Representante a la Cámara intentó salir del país con ella. Para tramitar el pasaporte, debía contar con la presentación de quien se alega es el padre biológico, es decir el jefe terrorista Carlos Pizarro, quien estaba en la clandestinidad.

Para salir del brete -y posiblemente transgrediendo las normas-, la mamá de la parlamentaria resolvió hacer un cambio en el registro civil de la niña, presentándola como hija de su primer esposo, Fernando Barón.

Por tal motivo, desde 1988 la congresista empezó a utilizar el nombre o alias de María José Barón Rodríguez, hecho que ella incluyó en su petición ante la CIDH, dando a entender que el Estado es responsable de que su padre no pudiera estar presente durante el trámite de sus documentos de viaje, pues se encontraba en la clandestinidad, planeando y ejecutando los peores actos de terrorismo que se han registrado en nuestra historia reciente, como la toma e incendio del Palacio de Justicia, o los brutales secuestros, torturas y asesinatos que cometió la estructura criminal que él comandaba.

Llama la atención que toda la historia del cambio de nombre, se sustenta en unas supuestas amenazas de muerte en contra suya, por las que se vio forzada a salir del país.

El Estado colombiano, ante la CIDH de manera tajante aseguró que “en relación con las presuntas amenazas que habrían recibido María José, Claudia Barón [medio hermana de la parlamentaria] y Myriam Rodríguez Aragón [madre] señala que no existen antecedentes de denuncias ante el Ministerio de Defensa, ni al Ministerio del Interior…”.

Este portal le preguntó por escrito sobre esas supuestas amenazas a la congresista, sin que ella hubiera dado respuesta ninguna.

Así mismo, LOS IRREVERENTES tienen en su poder copia de distintos documentos, como su diploma de bachiller otorgado por el ICFES -validó el bachillerato en 1997- y el certificado que la acredita como “Técnica superior de Artes Plásticas y Diseño en Joyería Artística”, otorgado por la Generalitat de Cataluña, ambos emitidos a nombre de María José Barón Rodríguez.

El asunto de los apellidos de la congresista, es de su órbita personal. Ella es libre de llamarse como quiera.

Lo que resulta exótico es que esa situación haya sido llevada ante organismos internacionales bajo la fábula de unas supuestas amenazas que nadie conoció y que jamás fueron denunciadas. Con base en esa historia, nuestro Estado deberá responder ante la Corte Interamericana. Además de los hechos relacionados con la muerte del terrorista Pizarro Leongómez, también los colombianos nos exponemos a ser condenados y obligados a pagar una jugosa indemnización por el novelón del cambio de apellidos de la iracunda congresista.

No en vano, en el auto de admisibilidad emitido por la CIDH, se lee que el Estado pudo haber cometido violaciones a los Derechos Humanos de la señora Pizarro en lo que se refiere al “reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, garantías judiciales, protección a la familia, nombre, derechos del niño, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial”.

De perder el litigio ante la Corte Interamericana, las arcas públicas quedarán expuestas al pago de una multimillonaria indemnización a la parlamentaria y un porcentaje de la misma terminará en manos del inefable Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

@IrreverentesCol

Publicado: junio 9 de 2020