Los arquitectos del nefasto acuerdo con la banda terrorista de las Farc, nostálgicos de poder, han propuesto que en las elecciones de octubre se incluya una “papeleta por la paz”, con la que pretenden seguir manipulando a la opinión pública.
Los promotores de la iniciativa –esos mismos que suscribieron el acuerdo ilegítimo de La Habana- vuelven nuevamente por los caminos del reduccionismo al plantear que los ciudadanos deberán escoger entre “la paz y la guerra”, reviviendo la mentirosa hipótesis de que aquellos que están en contra de la impunidad son amigos de la violencia.
Si en efecto quieren la paz, los bandidos que supuestamente se desmovilizaron, deben suspender cuanto antes todas sus acciones al margen de la ley. El presidente Uribe, lo resumió lúcidamente a través de su cuenta de Twitter al decir: “Por favor que no se hable de paz, que la demuestren: en Roncesvalles, Tolima, el frente 21 de las Farc sigue delinquiendo”.
El asunto es muy claro: la sociedad en general tiene anhelo de vivir en paz, pero con garantías para las víctimas, sin que los capos de las Farc continúen inundando al planeta con cocaína. Las Farc, que también están promoviendo la majadera papeleta, deberían comprometerse a que todos sus cabecillas le pongan la cara a la justicia.
¿Para qué una papeleta, si en el monte los terrorista Iván Márquez y El Paisa siguen haciendo de las suyas? La paz estable y duradera parte por que los responsables de crímenes atroces reciban castigos reales y no con beneficios de impunidad como los que les garantizó el gobierno de Juan Manuel Santos.
La sociedad ya se ha pronunciado dos veces. La primera, con ocasión del plebiscito en el que la mayoría votó por el NO y un año y medio después en las elecciones presidenciales cuando más de 10 millones de colombianos eligieron al candidato uribista a la presidencia.
El acuerdo con las Farc se pone en riesgo por cuenta de la falta de compromiso de los terroristas amnistiados de facto por Juan Manuel Santos. A pesar de las gabelas inmerecidas que les fueron otorgadas, esos delincuentes continuaron violando el código penal, tal y como se puedo constatar en el caso de alias Jesús Sántrich, peligroso narcotraficante que intentó introducir 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos después de la entrada en vigor del acuerdo.
Las decisiones arbitrarias adoptadas por la cuestionada jurisdicción especial de paz, JEP hacen que la desconfianza aumente. Aquel tribunal existe para lavar las culpas de los genocidas y no para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
Ahora, si los promotores de esa iniciativa se salen con la suya y logran que la dichosa papeleta sea incluida en las elecciones regionales venideras, entonces se exponen, una vez más, a un revés: el pueblo mayoritariamente quiere la paz, pero aquello no significa que los autores de los peores actos de barbarie sigan tan campantes, burlándose del país, compareciendo a las diligencias judiciales cuando les da la gana y, por supuesto, delinquiendo a través de estructuras poderosamente armadas a las que han decidido llamar “disidencias”, o por medio de bandidos que simplemente se cambiaron de brazalete y que desde diciembre de 2016 siguieron aterrorizando al país bajo la franquicia criminal del Eln.
Publicado: febrero 20 de 2019