Con denuncias penales, exministra Cecilia Álvarez pretende intimidar y silenciar a los periodistas que han revelado sus actos de corrupción.

Cuando estalló el escándalo de Odebrecht y se empezaron a conocer los detalles de la brutal trama de corrupción, las autoridades judiciales de manera juiciosa establecieron un cronograma de trabajo para efectos de avocar las distintas líneas de investigación.

Se informó que buena parte de las pruebas llegarían al país después del 1 de junio, cuando el ministerio público de Brasil levantara la veda sobre las mismas.

Se acabó junio y no llegó una sola de las evidencias esperadas por los fiscales.

Pero aquello no significa que la investigación deba hundirse. Con las evidencias que hay en Colombia, se podría avanzar penal y disciplinariamente, si las autoridades tuvieran un mínimo de voluntad para hacerlo.

Las pruebas contra la ministra estrella del santismo, Cecilia Álvarez Correa son contundentes y no le quedará fácil sustentar su tesis de que ella no favoreció a la poderosa familia de su pareja sentimental permanente, Gina Parody.

A pesar de ello, la señora Correa pretende que su responsabilidad en este nauseabundo entramado de corrupción sea despachado a través de la formulación de denuncias temerarias e intimidatorias contra los medios de comunicación que, como es el caso de LOS IRREVERENTES, le revelaron al país que ella, como ministra del gobierno Santos, participó activamente en las decisiones que condujeron a la asignación a dedo y sin mayores rigores contractuales de $900 mil millones de pesos para la construcción de una carretera que favorece los intereses comerciales de los empresario Parody, propietarios del puerto Andalucía, en el municipio de Gamarra, Cesar.

Para nadie es un secreto que el santismo abusa del poder de la justicia para perseguir a sus opositores y a todos aquellos que se atrevan a denunciar los desmanes del régimen.

Esta vez, la doctora Álvarez no ha hecho excepción a la regla y ha procedido a formular denuncias con el único propósito de intentar amordazar a este portal.

La investigación contra el gobierno tiene que dar resultados. Este escándalo no puede terminar únicamente con un asesor de tercer nivel de la agencia nacional de infraestructura, tras las rejas.

La exministra Álvarez Correa, en vez de aclarar los abundantes cuestionamientos en su contra, ha preferido esconderse para no darle la cara a la opinión pública. A ella no se le critica que haya contratado a una secretaria o que haya incumplido el reglamento para la adquisición de una resma de papel. No: ella, como ministra de Industria y luego de Transporte del gobierno de Santos participó decidida y activamente en la aprobación de una multimillonaria partida para la contratación de Odebrecht, empresa que a su vez debía construir una carretera que desembocaría justo al frente del predio donde los Parody están levantando un puerto fluvial.

Y como si aquello fuera insuficiente, la exministra, además, se la jugó a fondo para que el consorcio que estaba habilitando la navegabilidad del río Magdalena –sobre el que queda el puerto de los Parody-, agilizara las obras. Hasta amenazó con declarar la caducidad del contrato si los constructores no se apuraban. (Al respecto, le sugerimos leer “Las pruebas contra Cecilia Álvarez”).

Le corresponde a la opinión pública exigir resultados en este caso, o de lo contrario la conclusión del mismo será la impunidad. En el consejo nacional electoral, el prevaricato ya está cocinado. Los 9 magistrados de ese tribunal, de manera abiertamente delictiva, acordaron “echarle tierrita” a las investigaciones de las campañas de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga, para ganar tiempo hasta que llegue la fecha en la que debe decretarse la caducidad de dichos procesos. En el caso de Zuluaga, la caducidad será a mediados del mes de julio y en el de Santos, en la tercera semana de agosto.

La procuraduría, que ya abrió pliego de cargos contra la exministra Álvarez, es la entidad que más ha avanzado. De hecho, se especula que en los próximos días el ministerio público anunciará también que investigará formalmente a Gina Parody.

Llama la atención, por ejemplo, el silencio del ministerio de Transporte, entidad que al fin y al cabo, es víctima en este brutal entramado de corrupción. Es cuestionable que esa cartera no se haya constituido en víctima para efectos de pedir celeridad en las investigaciones tanto penales como disciplinarias.

Lo que sí es cierto es que los intentos de la doctora Álvarez para amilanar a la prensa serán en vano. Para desgracia de esa exfuncionaria que hoy huye de Colombia, todo lo que se ha publicado en relación con su participación en el caso de la carretera Ocaña-Gamarra y del río Magdalena, está perfectamente soportado documentalmente.

@IrreverentesCol

Publicado: junio 27 de 2017