El francés Jean Monnet solía decir que “los hombres pasan y las instituciones quedan” y este ha sido un principio relevante a la hora de hablar de institucionalidad. Sin embargo, la historia también nos enseña que el paso de algunos hombres por las instituciones puede dignificarlas o puede lacerarlas, y hasta ponerlas en peligro.

Tal es el caso del exfiscal Eduardo Montealegre, cuyo paso nefasto por la dirección de la Fiscalía General de la Nación, dejó a la entidad marcada por la huella imborrable de la corrupción y el abuso de poder.

Desde su creación en la Constitución del 91, la Fiscalía se convirtió en un estamento fundamental para los colombianos que, hasta entonces, no tenían un ente acusador de peso para denunciar delitos y buscar justicia. Sin embargo, fue justamente la Justicia la que brilló por su ausencia en la Fiscalía mientras estuvo bajo la dirección de Montealegre, que la tomó como a un stand más en la feria de la corrupción que puso a la entidad en el ojo del huracán.

No había pasado una semana de la posesión de Montealegre, cuando ya sus declaraciones causaban polémica, pues a la fecha de su nombramiento, al periodo constitucional del Fiscal General le restaba año y medio, toda vez que Vivian Morales y Guillermo Mendoza ya habían ejercido parte de ese periodo; pero pudieron más sus influencias con el gobierno de Juan Manuel Santos, y terminó por quedarse durante 4 años, basado en leguleyadas propias del típico abogado oportunista.

Pero la andanada de sucesos nefastos recién iniciaba. Dos meses después de posesionado Montealegre, la Fiscalía incurrió en uno de los errores judiciales más infames, y por el cual la institución se vio inmersa en el descrédito tras la infamia cometida con el exdiputado del Valle Sigifredo López, quien fuera víctima de un cartel de falsos testigos, fabricado desde la misma Fiscalía, para ponerlo preso acusándolo de ser gestor del secuestro suyo y de los otros 11 diputados que fueron vilmente asesinados por la guerrilla de las Farc. Este hecho puso en entredicho no solo la idoneidad sino también la honestidad del ente acusador, al punto que el propio Montealegre debió salir pedir perdón al ex diputado, y a la opinión pública.

Pero quizá lo que más marcó el paso de Montealegre por la Fiscalía, fue la corrupción al más alto nivel, no solo en materia de burocracia, sino además por cuenta de contratos millonarios y sin lleno de requisitos, y hasta hoy nadie entiende por qué no hay una condena contra el cerebro de esta andanada de corruptela orquestada por el entonces Fiscal General de la Nación.

La feria de los millones

Entre los descalabros económicos que dejaron marcada la pésima gestión de Montealegre, está toda una andanada de contratos millonarios otorgados a dedo y que violaron flagrantemente todas las normas de la contratación pública, al tiempo que pusieron en aprietos financieros a la entidad, esto sin contar la cantidad de nombramientos que aumentaron exponencialmente la nómina de una entidad que terminó siendo una de las más burocratizadas y costosas dentro del presupuesto estatal. Fueron cerca de 5 mil nuevos cargos, creados justo en un momento en que se pedía ya suprimir algunos al interior de la Fiscalía, significando un incremento del más del 100 % del gasto comparado con administraciones anteriores.

Adicional a esto, uno de los más sonados contratos, y que nunca se investigó hasta ahora, fue la compra de una aeronave tipo Bombardier Learjet – 60, modelo 2007, por el valor de 13 millones de dólares cuando en el mercado su costo no superaba los 4 o 5 millones de dólares. Hasta hoy no se ha logrado ni copia del contrato, y mucho menos el modelo de contrato que rodeó este negocio que a todas luces significó un detrimento patrimonial injustificado.

Entre las personas que se beneficiaron de esta feria de despilfarro a los dineros públicos, está la polémica Natalia Springer, que recibió contratos entre 2013 y 2015 por valor de $4.276 millones de pesos, uno de ellos para asesorar al fiscal en procesamiento de datos sobre crímenes en el marco del conflicto. Otro, para elaborar documentos para divulgar las investigaciones del primer contrato. El tercero, para procesar datos de crímenes del ELN y bandas criminales. Hoy 5 años después aparece según las denuncias, que la citada contratista no tenía ni la experiencia, ni la experticia para el desarrollo de estos contratos, para lo cual solo le habría bastado su cercanía con Montealegre.

Ni qué decir del corrupto ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy preso en Estados Unidos, y quien se convirtió en una vergüenza para Fiscalía. Este sujeto también obtuvo un contrato a dedo de manos de Montealegre, por un valor cercano a los $140 millones de pesos, y todo para acompañar recursos de casación y acciones de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, lo que explica de dónde nació la relación de Moreno con los miembros del cartel de la toga.

Pero la feria de contratos otorgados a dedo por Montealegre durante su gestión no paró allí. Solo para mencionar algunos, hablemos de la abogada Nathalia Bautista Pizarro, quien recibió en 2015 un contrato por $174 millones de pesos para asesorar la Dirección Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales, o la firma Aida Patricia Hernández Silva y Abogados S.A.S. que recibió también en 2015, un contrato por $136 millones de pesos para dar asesoría jurídica especializada en áreas del derecho constitucional y derecho administrativo, especialmente en contratación estatal.

Otro amigo de Montealegre, Alfredo Beltrán Sierra, exmagistrado de la Corte Constitucional, y que entre 1998 y 2006 coincidió con Montealegre en esa corporación, se benefició entre 2014 y 2015 con dos contratos por valor de $551 millones de pesos

La lista de contratos a los que Montealegre concedió a sus amigos es interminable, y llena de vicios en materia de requisitos y transparencia, pero de todo ello Montealegre salió impoluto, incluso, se dio el lujo de otorgarle tres contratos por más de $1.380 millones de pesos a la Fundación Internacional Baltasar Garzón, para asesorar y dar apoyo técnico especializado al fiscal general para la investigación penal de la macrocriminalidad en contextos de la justicia transicional y para asesorar al fiscal en la creación e implementación de acciones y herramientas para fortalecer la acción investigativa de la policía judicial frente a delitos transnacionales.

Es de anotar que los contratos con Baltasar Garzón se llevaron a cabo pese a que era bien sabido que, en 2012, Garzón fue expulsado de la carrera judicial por haber ordenado la interceptación ilegal de las comunicaciones entre abogados y sus defendidos en el caso Gürtel, un proceso de corrupción que lideraba el entonces juez de la Audiencia Nacional de España.

Este mismo Montealegre que hizo de la Fiscalía General de la Nación un fortín burocrático y un modelo de corrupción sin precedentes, y que demuestra con sus actos que no pasa de ser un leguleyo, oportunista y sin escrúpulos, hoy quiere en su afán de protagonismo, fungir como víctima en el caso de Álvaro Uribe,  y con argumentos que son traídos de los cabellos, y hablando de hechos supuestos que, de haber sido ciertos, estaba en la obligación de haberlos denunciado en su momento, y con pruebas irrefutables, lo que a su vez lo convierte de facto en un prevaricador.

Lo suyo no es más que el desespero por tender una cortina de humo sobre sus propias actuaciones que, por fortuna, ya fueron denunciadas recientemente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y es que tipos como Montealegre, son la antítesis de la justicia que pregonan, pues con su triste ejemplo, hacen daño a la sociedad, a la Justicia y las entidades por donde tienen la oportunidad de pasar.

Es bien cierto que los hombres pasan y las instituciones permanecen; y hoy la Fiscalía ha retomado el rumbo y recuperado la confianza ciudadana, sigue siendo un pilar fundamental de la Justicia para los colombianos; pero en el imaginario colectivo difícilmente se borrará la mala huella que dejó el paso de un abogado corrupto, oportunista y ambicioso como Eduardo Montealegre.

@JenniferAriasF

Publicado: septiembre 25 de 2020