Francisco Javier Ricaurte es, sin duda ninguna, la piedra angular del denominado Cartel de la Toga, estructura delincuencial dedicada a la compraventa de decisiones judiciales, tanto en la fiscalía como en la corte suprema.

Ricaurte, quien fungió como presidente de la corte suprema de justicia en el año 2009, precisamente cuando en ese tribunal, muchos de sus magistrados afilaban sus espadas contra el gobierno del presidente Uribe, prefabricando procesos espurios con el claro objetivo de menoscabar el legado de la Seguridad Democrática, terminó preso luego de que se conociera que él era el cerebro de la venta de fallos judiciales. 

El país no puede nunca olvidar que los integrantes de la sala penal de la corte -muchos de ellos subalternos de Ricaurte-, adoptaron la decisión de fallar en contra de los uribistas, “por razones políticas”, tal y como se oye en una grabación que circuló hace un par de años.

Desde el mismo instante en que estalló el escándalo del cartel de la toga, afloró el nombre de Francisco Ricaurte, quien ya estaba por fuera de la corte suprema y que, junto al extraditado delincuente Luis Gustavo Moreno, tenía una lujosa oficina en la que se planificaba la venta de decisiones judiciales, despacho que era pagado, según confesó Luis Gustavo Moreno, con dinero que emanaba de un contrato ficticio celebrado con la cuestionada fiscalía de Montealegre y Perdomo. 

El jefe de esa banda delincuencial era el exmagistrado Ricaurte, quien ejercía control sobre por lo menos 4 magistrados de la sala penal. Hasta ahora han aflorado los nombres de dos: Leonidas Bustos y Gustavo Malo Fernández. 

Ante la fuerza de las evidencias que pesan contra Ricaurte, a finales de septiembre de 2017, un juez ordenó su captura, dándole así un golpe demoledor a uno de los más peligrosos jefes de la corrupción judicial de nuestro país. 

Ricaurte debe responder por 4 delitos: cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado.

Ricaurte, el día de su captura en 2017

Es evidente que desde su celda en la cárcel La Picota,  Francisco Ricaurte continuó ejerciendo poder sobre un amplio sector de la rama judicial. No son pocos los jueces y magistrados que obedecen ciegamente a sus mandatos, así estos emanen desde una gélida celda prisión ubicada en el sur de la capital colombiana. 

Por eso, no extraña que esa rama judicial putrefacta, que Ricaurte ayudó a corromper hasta sus más profundos cimientos, haya permitido que pasara el tiempo para que los términos vencieran y el “patrón” pudiera recuperar la libertad. 

Difícilmente, Francisco Javier Ricaurte volverá a pisar una cárcel. El plan salió a pedir de boca: la mano negra judicial hizo hasta lo imposible para que los términos de su investigación caducaran. Con ese vencimiento en la mano, se procedió a su liberación inmediata y lo que sigue ahora es la absolución o la prescripción de los delitos por los que él está siendo investigado. 

Es profundamente indignante que ninguno de los máximos exponentes del cartel de la toga, Ricaurte, Malo y Bustos, esté tras las rejas. 

Ricaurte fue liberado y Bustos y Malo, por su condición de aforados, han podido gozar de un proceso paquidérmico y sus expedientes aún no han empezado a ser revisados por la corte suprema, que paradójicamente, será la encargada de juzgarlos. Es decir: los jueces del Cartel de la toga, serán sus propios colegas y, por qué no decirlo, compinches cuyos nombres salieron invictos en esta investigación. Imposible encontrar un escenario mejor para los delincuentes que lideró el ahora liberado Francisco Javier Ricaurte. 

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 22 de 2019