Para nadie era un secreto que el Estado Colombiano durante décadas había hecho caso omiso a reconocer la deuda histórica que tenía con los miembros de las Fuerzas Militares y Policía que le habían servido a la Patria.

Si bien es verdad ellos cuentan con un régimen pensional y de salud independiente a los ordinarios, cuando estos se retiraban del servicio activo quedaban prácticamente condenados al olvido de las instituciones por las cuales ellos habían entregado su vida para proteger.

Por eso, uno de los principales compromisos de campaña del Presidente Duque era expedir la Ley del Veterano, la cual permite que el Estado adopte un conjunto de beneficios sociales, asistenciales, de acceso a educación básica, tecnológica y superior, entre otros, para todos aquellos miembros de la Fuerza Pública que le sirvieron al País.

Cabe resaltar que este tipo de medidas no son aisladas ni responden a un capricho electoral del Presidente, sino que, por el contrario, son un acto de gratitud que la mayoría de los países le otorgan a sus héroes.

Y con mayor razón una Nación como Colombia, donde los soldados y policías están expuestos a todo tipo de riesgos al luchar contra el narcoterrorismo que desangra nuestro territorio, debía expedir este tipo de disposiciones.

Afortunadamente y gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Duque y el Congreso se logró aprobar esta ley que fue sancionada el pasado mes de julio y que transformará el relacionamiento de la sociedad y las instituciones con los héroes de la Patria.

Sin embargo, a pesar que esto es un gran avance que permitirá consolidar una cultura del respeto a la autoridad y gratitud a las Fuerzas Militares y la Policía, evidentemente no es suficiente. Todavía queda una gran problemática por resolver.

Este tipo de beneficios son de vital importancia, por supuesto, pero la principal prioridad del Gobierno debe ser garantizarles la seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública. Esta es quizás la mayor dificultad que tienen hoy en día…

En efecto, a un militar solo lo debería juzgar otro militar. Lejos de ser un acto de impunidad es una cuestión de respeto al juez natural, la más básica de las garantías procesales a la que toda persona tiene derecho cuando afronta una cuestión judicial.

Por eso, el Gobierno no debe abandonar los esfuerzos para reformar la JEP. Los militares y policías no pueden seguir acudiendo a esta jurisdicción sin garantías para que civiles que no tienen la menor idea de las particularidades del combate los juzguen desde la comodidad de un escritorio en el norte de Bogotá.

Es inadmisible que los miembros de la Fuerza Pública que sigan logrando victorias en el campo de batalla y acumulando derrotas en los estrados judiciales.

@Tatacabello

Publicado: octubre 11 de 2019