Era evidente que el gobierno de Iván Duque iba a encontrar, al decir popular, la olla perfectamente raspada. Santos, dilapidó irresponsablemente el presupuesto nacional y adquirió compromisos futuros sin rigor alguno, dejando empeñadas las finanzas públicas durante los años venideros.

Para que buena parte de los programas sociales que actualmente existen puedan seguir financiándose, se requiere de nuevos ingresos. El déficit es de más de $14 billones de pesos, dinero que fue irresponsablemente dilapidado en el gobierno anterior, a través de la denominada mermelada.

La ciudadanía siempre se opone a cualquier ampliación de los gravámenes y ante cualquier reforma tributaria, la reacción es contraria.

Pero la responsabilidad obliga a que el gobierno se dé la pela de promover una ley que brinde las herramientas que faciliten el aumento del recaudo. Los dos pilares de la ley son la ampliación del IVA a algunos productos de la canasta familiar que hasta ahora han estado exentos de ese gravamen y el impuesto a las rentas de las empresas.

El debate se ha concentrado en el IVA, pues aquello afecta de forma directa el bolsillo de los ciudadanos. El gobierno, para efectos de mitigar el impacto, ha previsto una serie de medidas que blinden a los colombianos de menor ingreso. Así, más o menos el 30% de la población –que ya es beneficiaria de programas como familias en acción- recibirá una compensación mensual de $51300 pesos, con lo cual se garantizará que no se afectará su capacidad adquisitiva como consecuencia de la ampliación del IVA, impuesto que se reducirá gradualmente hasta el 17% en el año 2022. Valga recordar que Santos subió ese impuesto al 19%.

Igualmente, se establecerá un impuesto del 1.5% a los patrimonios superiores a los $5 mil millones de pesos, mientras que los patrimonios mayores a $3 mil millones de pesos pagarán el 0.75%.

El crecimiento empresarial es el principal motor de las economías. Las industrias colombianas están en el grupo de las que más impuestos pagan en el mundo entero, lo cual desestimula de manera grave la inversión.

Sin industria, la generación de empleo se contrae, afectando a la clase media que se ve obligada a la informalidad laboral.

Para efectos de propiciar la reactivación industrial en nuestro país, se establecerá una reducción gradual del impuesto a la renta a las empresas, el cual deberá descender al 30% en el año 2020.

Una de las medidas más interesantes de la ley de financiamiento es el del endurecimiento de las sanciones a la evasión. Actualmente, la evasión es considerada como un crimen, pero éste dejará de ser excarcelable.

Igualmente, ese delito se imputará no solo a la persona que lo lleva a cabo, sino que también responderán ante los jueces los determinadores, cómplices y favorecedores de ese crimen.

El debate ha girado alrededor de la ampliación del IVA a ciertos productos de la canasta familiar. El Centro Democrático ha insistido en que se debe observar coherencia con lo que ese partido planteó durante la campaña política que llevó al doctor Iván Duque a la presidencia de la República.

Es cierto que el CD propuso menos impuestos y mayores salarios. Pero no es menos cierto que nadie se imaginó el nivel tan bajo en el que se encontraban nuestras finanzas como consecuencia de la dilapidación que se vivió durante el régimen santista.

Así las cosas, le corresponderá al debilitado ministro de Hacienda entender que no puede seguir refugiado en la amargura que le produjo el debate sobre su integridad moral y salir a explicar en detalle el proyecto de ley de financiamiento.

No puede permitirse que la ilustración de esa norma siga en manos del errático viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez quien no tiene ni la capacidad dialéctica ni la solvencia política para exponer el proyecto con la astucia suficiente que permita consolidar una mayoría que facilite su aprobación.

El gobierno tiene razón y está siendo muy responsable al proponer la ley de financiamiento, pero también el Centro Democrático está en lo cierto al oponerse a la ampliación del IVA, pues aquello fue lo que se les prometió a los electores durante la campaña.

El proyecto hasta ahora comienza su recorrido. Habrá que encontrar un mecanismo que permita garantizar el recaudo sin afectar el bolsillo de la clase media, pues sin el Centro Democrático, será muy difícil que esa norma sea aprobada en el Congreso de la República.

@IrreverentesCol

Publicado: noviembre 7 de 2018