A finales de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado, empezó a acuñarse el término de “lavandería de dólares” para referirse a los negocios a través de los cuales los narcotraficantes limpiaban el dinero de sus actividades ilícitas.
Desde entonces, los mafiosos empezaron a hacerle frente a dos actividades ilícitas de forma paralela. Por un lado “subían” la cocaína hasta los Estados Unidos y por el otro, buscaban la forma para “bajar” el dinero.
Así, de la noche a la mañana aparecieron en las principales ciudades de Colombia una cantidad de negocios que resultaron extraños en una sociedad que en aquella época seguía siendo profundamente conservadora y austera.
Los concesionarios de carros lujosos empezaron a brotar en las mejores esquinas y a esos lugares entraban los mafiosos que pagaban en efectivo por los vehículos de su agrado. Con el paso del tiempo, se “sofisticó” la industria del lavado, al punto de que hoy es uno de los delitos que más preocupación despierta en las agencias internacionales de lucha contra el crimen organizado.
Desde 1983, cuando las Farc entraron de lleno en el negocio del tráfico de estupefacientes, esa organización se convirtió en un poderoso cartel de las drogas. Durante más de 30 años controlaron los cultivos ilícitos del sur de Colombia y desde comienzos de este siglo incursionaron a sangre y fuego a la región del Catatumbo, en el Norte de Santander.
Para las autoridades norteamericanas, no existe la menor duda de que los principales cabecillas de las Farc están involucrados hasta la coronilla en el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero y ese es un asunto que despierta muchas sospechas, pues el acuerdo entre Santos y Timochenko es, en la práctica, una monumental operación de lavado de activos.
Desde la firma del acuerdo final, se ha denunciado que las Farc van a utilizar su multimillonaria fortuna para hacer política, sin control real efectivo.
Aquel dinero, que debería ser empleado para reparar a las víctimas de sus acciones terroristas, servirá para financiar a sus candidatos, sin que el Estado pueda hacer mayor cosa para impedirlo.
En las últimas horas, el presidente de Asobancaria, el exsenador conservador Santiago Castro, denunció que buena parte de la fortuna de las Farc puede estar escondida en paraísos fiscales, sin especificar puntualmente en cuáles, a la vez que advirtió que el sistema financiero colombiano no se va a prestar para que los cabecillas de esa banda terrorista introduzcan el dinero en nuestro país.
El de la plata de las Farc es un asunto de la mayor gravedad que debe ser atendido con la seriedad que merece. No puede quedarse en anuncios pomposos y en titulares de prensa.
Se trata de una cantidad muy considerable de dinero. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hace pocas semanas, reveló que las Farc tienen “varios billones de pesos”. Por eso, es urgente y necesario que los candidatos presidenciales digan ante el país cuál es su opinión al respecto. Lo que esperan las víctimas de las Farc es que el próximo gobierno establezca un verdadero bloque de búsqueda de ese dinero, lo incaute y evite que éste sea utilizado por los terroristas para hacer proselitismo político.
Si el proceso con las Farc sirvió para que los cabecillas de esa banda criminal lavaran su prontuario criminal y se convirtieran de la noche a la mañana en “líderes” políticos, éste no puede ser utilizado para lavar el dinero ilegal de esa organización que durante más de 30 años inundó con cocaína al plantea.
Publicado: julio 10 de 2017