Las recientes decisiones de la fiscalía general de la nación, de capturar a la red de lavadores de dinero de las Farc que operaban a través de la cadena de supermercados Supercundi cuyos propietarios fueron capturados e imputados por el delito de testaferrato, confirman la tesis que desde hace varios meses ha venido repitiendo el fiscal Néstor Humberto Martínez en el sentido de que las Farc, efectivamente, no entregaron la totalidad de su bienes al momento de su desmovilización.
El gobierno ha dicho que los delitos cometidos con posterioridad a la fecha de la firma del acuerdo, conducen inmediatamente a la pérdida de los beneficios contemplados en el mismo. Ante la fuerza de las evidencias, que dejan al descubierto que a través de esa cadena de supermercados las Farc han lavado la friolera de $650 mil millones de pesos, una cifra con la que cualquier certamen democrático puede resultar alterada, el presidente Santos está en mora de darle una explicación a la opinión pública.
¿De dónde sale el dinero para las giras, las puestas en escena y los actos de proselitismo de las Farc? La respuesta parece estar afincada en la lavandería de dinero que la fiscalía acaba de incautar.
Resulta preocupante que el gobierno haya permitido que esa “lavandería” al servicio de las Farc continuara operando. Desde la Casa de Nariño no podrán decir ahora que “ese es el precio que hay que pagar para alcanzar la paz”.
Todo indica que además de ser un monumento a la impunidad, el acuerdo Santos-Timochenko en la práctica es una monumental operación de lavado de activos. Igualmente, la reacción posterior a la incautación ordenada por la fiscalía, en la que una turbamulta evidentemente coordinada, se dio a la tarea de saquear esos supermercados debe ser investigada para efectos de determinar si esos actos vandálicos fueron planificados y ordenados por los terroristas de las Farc.
El cabecilla de esa estructura criminal, alias Romaña debe ser excluido inmediatamente del acuerdo, sus órdenes de captura reactivadas y proceder a su extradición a los Estados Unidos contra quien pesa desde noviembre de 2002 una solicitud de extradición emanada de una corte del distrito de Columbia por el secuestro de los ciudadanos norteamericanos Louise Agustine, Todd Mark, Thomas Fiore y Peter Shen, hecho que tuvo lugar en diciembre de 1998. El departamento de Estado, ofrece una recompensa de $2.5millones de dólares por él.
El cinismo de las Farc es absoluto. Ante la fuerza de las evidencias, han salido a decir que si no se declaró la existencia de los supermercados Supercundi, cuyos propietarios también estarían involucrados en los delitos de secuestro y tráfico de armas, se debió a una “omisión”.
Claramente esos supermercados eran la “joya de la corona” de las Farc. Con esa máquina para lavar miles de millones de pesos, esa estructura criminal tenía garantizada su subsistencia y la financiación de sus operaciones políticas, tanto en las elecciones de este año, como en las regionales que tendrán lugar el año entrante.
Esta investigación debe dar resultados inmediatos. No es admisible que a pocos días de las elecciones, las Farc continúen con sus redes de financiación ilegal intactas, pues como los supermercados incautados, seguramente hay mucha más estructuras que aún no han sido descubiertas por la justicia.
Es hora de que el gobierno deje su complicidad con los terroristas. Si las Farc continúan lavando dinero, lo hacen con el beneplácito de Juan Manuel Santos.
Publicado: febrero 22 de 2018