Abundan los ejemplos de las personas que, sin mérito académico ninguno, fueron vulgarmente favorecidas durante el gobierno de Santos, a través de multimillonarios contratos de prestación de servicios. 

La congresista María José Pizarro, hija del terrorista del M-19 Carlos Pizarro, fue una de las muchas personas de la extrema izquierda, sobornadas por el gobierno anterior a través de altas dosis de mermelada.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, es una entidad que fue creada por la denominada Ley de Víctimas.

El Centro de Memoria, tiene una misión de gran trascendencia, lo que obliga a que quienes trabajen en ella, sean profesionales de las más altas calidades, e investigadores sociales extremadamente rigurosos.

La señora María José Pizarro Rodríguez, recibió contratos de prestación de servicios entre mayo de 2013 y noviembre de 2017, que suman $234.806.934 pesos.

Todos estos, tenían objetos gaseosos como “brindar apoyo” y “orientar e implementar estrategias”. 

El objeto del último contrato de la señora Pizarro con el Centro de Memoria Histórica, resulta bastante enigmático: “Prestar servicios para liderar y orientar la participación de víctimas y la agenda de exilio de acuerdo a los lineamientos del CNMH” (¡!).

El favorecimiento del gobierno de Santos a María José Pizarro, tendría alguna presentación si la formación académica de la hoy Representante a la Cámara, estuviera relacionada con la importante y trascendental labor que adelanta el Centro de Memoria. 

Pero no. Ella acredita estudios de tecnóloga en joyería, un oficio propio para adelantar labores de artesanía, pero nunca para apoyar el trabajo de la entidad encargada de crear y mantener la memoria de los actos de violencia que han sacudido a nuestro país. 

Ella, seguramente alegará en su defensa, que el hecho de ser la hija de un cabecilla del M-19 que fue ultimado semanas después de su desmovilización, la habilitaba para ser contratista del Centro de Memoria Histórica.

¿Acaso todos los hijos y huérfanos del terrorismo y la violencia tuvieron la misma oportunidad?

Pero lo que es más grave: de acuerdo con las leyes vigentes, una persona que aspire al Congreso de la República, no puede celebrar y ejecutar contratos con el Estado durante seis meses antes de la elección. Infringir esa norma, es causal de anulación de la elección o de pérdida de investidura. Ese fue el caso por el que el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus perdió su curul en el Senado de la República. 

La señora Pizarro, el 25 de enero de 2017 firmó el contrato número 144 con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual se ejecutó hasta el 30 de noviembre de ese año. 

Aquello, constituye una evidente violación de las normas electorales, pues las elecciones de Congreso se celebraron el 11 de marzo de 2018, 4 meses después de la culminación del contrato en cuestión. 

Para no quedar inhabilitada, la Pizarro -que hoy funge como segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes-, estaba obligada a ceder o terminar anticipadamente su contrato con el Centro de Memoria Histórica, antes del 10 de septiembre de 2017, cosa que no sucedió.

Le corresponderá entonces, al Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, proceder a decretar la pérdida de investidura de la tecnóloga en joyería María José Pizarro, que resultó ser toda una joyita que les ocultó a sus electores que estaba inhabilitada para ser candidata al Congreso. 

En reemplazo suyo, llegará Rafael Josué Vega, un izquierdista de vieja data que obtuvo poco más de 12600 votos en aquellas elecciones. 

@IrreverentesCol

Publicado: febrero 10 de 2020