La credibilidad y confianza en la “Jurisdicción Especial de Paz”, JEP es cada vez menor. El principal enemigo de ese tribunal es él mismo. La corrupción y la politiquería se apropiaron de la justicia que el gobierno anterior diseñó a la medida de las exigencias elevadas por la banda terrorista de las Farc.

Uno de los grandes crímenes atroces cometidos por las Farc es el del reclutamiento forzado y sistemático de menores de edad, conducta que afectó a miles de niños en todos los rincones del país. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en solo un departamento de Colombia -San Andrés y Providencia- no hay registro de menores reclutados forzosamente.

Desde que estaba en marcha la impopular mesa de conversaciones de La Habana, exigí reiteradamente que el asunto del reclutamiento forzado fuera tratado con especial cuidado y atención, debido a la gravedad de dicho crimen.

El comisionado de paz de entonces, el señor Sergio Jaramillo, con todo el cinismo -y desde mi punto de vista, complicidad-, me respondió un derecho de petición en el que, palabras más, palabras menos, aseveró que como Farc y gobierno habían decidido negociar “en medio del conflicto”, resultaba imposible e improcedente exigirle a esa organización delincuencial la desvinculación de los menores que se encontraban en condición de esclavos en los distintos campamentos terroristas.

Es deber irrenunciable del Estado el combatir, con todas las herramientas a su disposición, el reclutamiento de menores de edad. Así mismo, los tratados internacionales y las leyes internas indican que aquellos que ordenen o participen en la comisión de ese delito, deben recibir penas efectivas de cárcel.

En Colombia se está presentando un caso exótico e inadmisible: personas responsables del reclutamiento de miles de niños y la esclavización sexual de niñas, están libres y algunos de ellos ocupando inmerecidas curules en el Congreso de la República.

Ahora que la JEP está en medio de un nuevo escándalo de corrupción -el del corrupto fiscal Bermeo no es el primero ni será el último caso-, los directivos de ese tribunal, pensando en desviar la atención y no en los derechos de las víctimas, se acordaron de los menores reclutados y decidieron llamar a los jefes de las Farc para que empiecen -hasta ahora- a dar sus explicaciones.

Se esperaba que la primera acción de la JEP fuera aquella. Pero ha pasado más de un año y medio de la puesta en marcha de dicha jurisdicción y hasta ahora han comenzado a analizar el asunto.

El proceso, al que han llamado “caso 007”, quedó en manos de un magistrado de abierta tendencia izquierdista: Iván González. En el anuncio público de esta semana, ese individuo aseguró que hasta ahora van a empezar a cruzar las bases de datos de las distintas entidades que conocen las denuncias de reclutamiento forzado. Igualmente, dijo que se convocará a toda suerte de organizaciones sociales y ONG.

El anuncio, que a primera vista parece alentador, es efectivamente todo lo contrario: si se cumple a cabalidad con lo esbozado por el magistrado González, la investigación jamás culminará. El reclutamiento forzado es un delito de tracto sucesivo y la gran mayoría de niños que fueron llevados a las filas de las Farc, alcanzaron los 18 años en esa organización, hecho que pone la situación en un plano confuso, pues al llegar a la mayoría de edad, dejan de ser víctimas. Aquello no significa que el delito que se cometió con ellos haya prescrito pues, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, estamos frente a una conducta imprescriptible.

El país demanda resultados rápidos y no grandes foros, análisis y discusiones que no sirven para absolutamente nada distinto que mantener impunes a los salvajes que diseñaron, ordenaron y ejecutaron el peor de los delitos que se ha cometido en nuestra historia: el reclutamiento de miles de niños, a lo largo de más de 30 años.

@MargaritaRepo

Publicado: marzo 11 de 2019