Uno de los principios de la democracia occidental es el de garantizar la aplicación de una justicia equilibrada y pronta. Las dilaciones de las investigaciones contra los victimarios, son una inaceptable manifestación de revictimización.

La JEP fue creada para supuestamente investigar los delitos cometidos por los bandidos de las Farc. Desde el uribismo nos opusimos a ese tribunal, pues sabíamos que estaba concebido para garantizar la impunidad de los victimarios y no para hacer valer los derechos de las víctimas que necesitan verdad, justicia y reparación.

Pasados dos años de su entrada en vigor, ¿para qué ha servido la JEP? Lo que hemos visto es realmente indignante e inaceptable. No hay un solo guerrillero privado de la libertad, a pesar de la gravedad de los delitos cometidos. Los procesos contra los cabecillas de las Farc, responsables de crímenes de lesa humanidad, no han empezado a surtirse. Los jueces de la JEP llevan más de un año sentados esperando a que a sus instalaciones llegue el cabecilla de las Farc, el narcotraficante “Iván Márquez”.

La JEP es un galimatías que nadie entiende, pero lo que es más grave: su existencia es totalmente ilegítima, lo cual de entrada invalida todas sus actuaciones. El país votó mayoritariamente en contra del acuerdo con la banda criminal de las Farc y uno de los principales motivos para que se produjera dicho voto fue, particularmente, el rechazo generalizado a la creación de una estructura judicial especial, prevalente, incontrolada y perfectamente integrada por jueces con evidente sesgo ideológico que claramente van a ejercer como operadores políticos de extrema izquierda y no como administradores imparciales y ponderados de justicia.

La inclinación pro-Farc de la JEP se ha hecho manifiesta durante el trámite de extradición de “Jesús Sántrich”, mafioso que lleva cerca de un año tras las rejas y a la espera de ser entregado a la justicia estadounidense ante la que deberá responder por distintos casos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes.

Desde siempre ha existido un procedimiento claro para manejar la extradición entre Colombia y los Estados Unidos. El país requirente envía la solicitud, la compaña por documentos que sustenten el delito investigado y las autoridades colombianas se limitan a revisar si se cumplen o no los requisitos formales. Surtido este proceso, la decisión final le corresponde al Presidente de la República, quien tiene facultad discrecional para conceder o no una extradición.

La JEP, que no oculta su intención de ayudar a que “Sántrich” se salve de ser extraditado, ha solicitado que los Estados Unidos envíen las pruebas que pesan en contra del cabecilla de las Farc, antes de tomar la decisión de si autorizan o no su extradición.

Los Estados Unidos claramente no van a entregar esas pruebas que, de hecho, serán puestas en conocimiento cuando empiece el juicio contra “Jesús Sántrich”.

Es doloroso registrar que en nuestro país se haya entronizado a las malas y en contra de la voluntad popular, un tribunal maléficamente ideado para salvar a lo peores terroristas de nuestra historia republicana. La JEP es, en todo el sentido de la palabra, un elefante blanco que grande daño le hace a nuestro Estado de derecho.

@MargaritaRepo

Publicado: febrero 11 de 2019