No deja de ser angustiante el nivel de desatención que la JEP le ha dado a las víctimas de las Farc, tratando con guantes de seda a los criminales de lesa humanidad que ellos deben investigar y sancionar.
El episodio de “Jesus Santrich” es una dolorosa muestra de la desidia y -quizás- complicidad de quienes llevan las riendas de la JEP, respecto de los cabecillas de las Farc.
Hace más de 3 meses, el procurador presentó un recurso de apelación frente a la incomprensible decisión de los magistrados de esa jurisdicción, de otorgar la garantía de no extradición, con lo que las puertas de la cárcel quedaron abiertas para que “Santrich”, como todos lo sospechábamos, emprendiera la fuga.
Claramente, ese sujeto no está paseando por el bosque. Su condición de criminal nato, seguramente lo empujó a volver a la clandestinidad para retomar sus hábitos en la delincuencia. Si como desmovilizado y generosamente premiado con la impunidad por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, se atrevió a seguir traficando cocaína, ¿qué no estará haciendo en este momento, encontrándose bajo la protección del dictador Nicolás Maduro?
Hace 90 días, la JEP ordenó la excarcelación de “Santrich” y hace un mes, ese delincuente emprendió la fuga, para no atender la investigación que por narcotráfico adelanta en su contra, la Corte Suprema.
La semana pasada, nos enteramos de que la JEP inició un incidente de desacato contra el narcotraficante. Si no estuviéramos ante un caso tan grave y delicado, esta situación daría para que nos desternilláramos de la risa: el tribunal al servicio de las Farc, se tomó todo el tiempo posible, esperó hasta cuando estuvo seguro que el capo “Santrich” estuviera debidamente escondido, para ahí sí, decretar el cacareado “incidente”.
Vamos para 3 años de existencia de la JEP y aún no se observa un avance concreto en las investigaciones. Las pocas audiencias que se han adelantado en contra de los cabecillas de las Farc, se cumplieron bajo la más estricta confidencialidad, con el firme propósito de evitar que las víctimas tengan la posibilidad de enfrentar a sus victimarios, para exigir de ellos la verdad y, por supuesto, una reparación efectiva del daño causado.
¿Cuántas condenas contra cabecillas de las Farc ha impartido la JEP en estos 3 años? La respuesta produce escalofríos: cero.
Vemos a la JEP participando en toda suerte de actividades que no tienen nada que ver con su función. La presidenta de la jurisdicción, Patricia Linares, es una adicta a la figuración. Aprendimos en nuestra juventud, que de la gestión de los jueces y magistrados, nos enteraríamos a través de sus providencias. Las cosas han cambiado para mal.
De la magistrada Linares, sabemos gracias a sus frecuentes reportajes -muchos de ellos amañados- y, claro que sí, por la inauguración de un baño que no hace distinciones de género, como si la JEP hubiera sido creada para ese tipo de menesteres.
Lo dijimos hasta la saciedad durante la campaña del plebiscito: la jurisdicción especial de paz era un mecanismo diseñado para facilitar la impunidad. Ese tribunal, inventado por los abogados de las Farc, es un monumento a la denegación de justicia, algo que resulta insoportable para la sociedad en general, y para las víctimas de las Farc en particular.
El acuerdo entre Santos y las Farc es un ejemplo maligno de que en Colombia el delito sí paga. Un estamento como la JEP, debilita la democracia y mina la ya muy menguada credibilidad que el pueblo tiene, frente a la administración de justicia.
Y la mala noticia es que el caso de “Santrich” no va a servir para que la JEP tome un mejor camino, pues esa jurisdicción especial tiene un superior jerárquico, al cual le debe respeto y obediencia: las Farc.
Publicado: agosto 5 de 2019
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