Análisis de Camilo Rubiano

La semana que pasó, estuvo bastante movida en materia política. Esto se debe a la discusión que se desarrollaba en el Senado de la República sobre la ley estatutaria que desarrollará e implementará la Jurisdicción Especial para la Paz. De manera simultánea, al otro lado de la Plaza de Bolívar, la Corte Constitucional le daba vía libre al Acto Legislativo 01 que creo la JEP, según lo pactado en el acuerdo firmado entre el gobierno Santos y las farc.

Frente a estas decisiones, tanto la guerrilla de las Farc como el mismo gobierno se pronunciaron. Parecían dos orquestas, tocando una misma pieza pero en distintos ritmos. El del grupo terrorista, fue muy fuerte; rechazó de manera airada la decisión de la Corte Constitucional. Incluso, Rodrigo Londoño alias Timochenko envió varias comunicaciones, donde sus destinatarios fueron el Presidente Santos, la ONU y la Corte Penal Internacional. Mientras que el gobierno en un ritmo más suave, a través de una alocución presidencial, le exigió al Congreso de la República la pronta aprobación de ley estatutaria, para implementar de manera inmediata la JEP.

Estos mensajes, son abiertamente reprochables. Por un lado, es absurdo que los autores de crímenes de lesa humanidad, ahora crean que están por encima de las instituciones y puedan convocar a una rueda de prensa para despotricar de ellas. Cabe recordarle a Timochenko y sus secuaces, que Colombia es un Estado de Derecho y que si quieren hacer parte de él, pues se tienen que acoplar a las reglas.

Pero igualmente, no es menos absurdo que el mismo Jefe de Estado, este dando lecciones de cómo violar la separación e independencia de los poderes y quiera a través de su fuero, intimidar y coaccionar a los congresistas para que no discutan y voten a pupitrazo limpio la implementación de este asunto tan delicado.

Y es que cabe recordar, que a través de la JEP, los autores de crímenes de lesa humanidad tendrán la garantía de no tener que pasar ni un minuto por la carcel, por el simple hecho de aceptar la autoría de los delitos como lo señala el artículo 60. De la misma forma, este mismo esperpento jurídico, le va a garantizar la participación política sin reparar a sus víctimas y sin someterse a la Justicia como quedó estipulado por la Corte Constitucional.

Y es que el coro unificado, por parte de las Farc y del gobierno Santos lo único que quiere, es pasar por encima de la Constitución Política de Colombia, de sus leyes, de los acuerdos y tratados internacionales, pero lo más grave, es que estos sujetos quieren seguir pasando por encima de la voluntad del Constituyente Primario.

De un lado, las Farc a través de misivas, desconoce las instituciones colombianas como se indicó anteriormente y del otro lado el Presidente Santos, amenaza con decretar un Estado de Excepción, con el fin de implementar todo lo que se requiera por medio de decreto.

Y de esta forma, nos quieren imponer la JEP, a las buenas o a las malas.

¿Nos dejaremos?