Conocida la decisión del tribunal superior de Bogotá de aumentar la condena de 18 a 24 años de prisión contra el exalcalde Samuel Moreno, corresponde hacer una profunda reflexión sobre el terrible legado que la izquierda le ha dejado a nuestro país.

Los 3 periodos consecutivos de alcaldes socialistas en Bogotá, dejaron prácticamente descuadernada a la capital de Colombia. El caos empezó con “Lucho” Garzón, un político gris, megalómano y perfectamente inexperto en los asuntos de la administración pública. Durante esos 4 años empezó el festín de corrupción que se consolidó con la llegada de Samuel Moreno al Palacio Liévano.

Desde antes de su elección se sabía que Moreno llegaría a delinquir. Sus antecedentes personales y familiares permitían creerlo. Cuando Iván, su hermano menor fue alcalde de Bucaramanga, el saqueo de la capital santandereana fue de tal magnitud que al final se vieron obligados a incendiar el edificio de la alcaldía para borrar las evidencias de los ilícitos que allí se cometieron.

Los Moreno se criaron y crecieron en un hogar donde la corrupción era vista como algo natural. Sus padres, Samuel Moreno Díaz y María Eugenia Rojas fueron protagonistas de los más descarados saqueos durante el gobierno ilegítimo del sátrapa Rojas Pinillas.

Samuel Moreno, que salió invicto del proceso 8000 a pesar de que sobre él existieron suficientes evidencias de haber sido uno de los políticos que se beneficiaron con los dineros inmundos del cartel de Cali, ganó las elecciones de 2007 y desde que tomó posesión como alcalde de Bogotá se rodeó de una partida de delincuentes con los que planificó y puso en marcha uno de los desfalcos más indignantes que se ha registrado en nuestro mil veces asaltado país.

Frente a su oficina estaba ubicada la secretaria de Gobierno, Clara López, cuyo esposo era concejal de Bogotá. Mientras todos resultaron untados en el criminal latrocinio a las arcas capitalinas, doña Clara supuestamente no vio ni oyó nada. En sus narices desmantelaron a la capital de Colombia sin que ella se mosqueara.

Su esposo, Carlos Romero, también estuvo metido hasta los tuétanos en el robo de Bogotá, pues en su momento fue señalado de exigir el 10% de los contratos que se hicieron en Bogotá para la reparación de las calles de distintos barrios. Dicha denuncia fue hecha por el contratista Julio Gómez en un interrogatorio rendido en marzo de 2015.

Providencialmente, la fiscalía de Montealegre y Perdomo archivó la investigación contra Romero, aunque existieron pruebas de que el contratista Julio Gómez sí aportó dinero a su campaña política.

Hoy, Clara López funge como ministra de Santos y posiblemente renunciará en las próximas semanas para anunciar que nuevamente será candidata presidencial.

Con la llegada de Petro a la alcaldía los robos continuaron. Aún no es claro el manejo que se le dieron a miles de millones de pesos previstos para obras de infraestructura que fueron destinados de forma irregular. Igualmente, tal y como se ha conocido en las últimas semanas, Petro llenó a la ciudad de personas a las que se les pagaban honorarios por prestación de servicios, pero sin que existiera algún tipo de función específica para los beneficiarios de los mismos. Aquellos contratistas tenían una sola responsabilidad: promover en las calles el discurso de odio que se expandió por toda la ciudad durante la “Bogotá Humana”.

Los eventos que se han visto en la capital por cuenta de la violencia promovida por Petro y sus secuaces, supuestamente para defender la vida de los toros, son una muestra perfecta de lo que sería un gobierno nacional liderado por un fanático extremista como Gustavo Petro. Aquellos que no estén de acuerdo con sus ideas radicales, será perseguido y agredido como les ha sucedido a los aficionados a las corridas de toros.

La izquierda colombiana es fundamentalmente panfletaria y profundamente corrupta. Sus líderes, con poquísimas excepciones, se han abstenido de condenar de forma directa a las Farc por los crímenes que han cometido contra la sociedad colombiana.

La condena a 24 años de prisión contra Samuel Moreno no es un castigo suficiente a las ilegalidades de la izquierda. La justicia ya hizo lo que le correspondía. Ahora falta la otra parte: la sanción política que consiste, precisamente, en impedir que la izquierda vuelva a tener una cuota de poder, por mínima que esta sea.

@IrreverentesCol

Publicado: enero 30 de 2017