La izquierda colombiana es una corriente ideológica liderada por personajes funestos, con pasado criminal y poca coherencia. Gustavo Petro, ese mismo que incendia al país con un discurso de odio, que se presenta como el vocero de las clases menos favorecidas, a escondidas celebra alianzas con el narcotráfico que le significan multimillonarios ingresos, como el que quedó registrado en el famoso video, en el que uno de sus principales cómplices -ahora prófugo de la justicia- le entrega un bulto de billetes en efectivo. 

No deja de ser vergonzoso que sujetos que a lo largo de su vida han justificado el accionar terrorista de la guerrilla, como es el caso de Iván Cepeda -las Farc bautizaron al bloque más sanguinario de su organización con el nombre del padre del congresista, el jefe comunista, Manuel Cepeda Vargas-, se presenten como defensores de los derechos humanos y voceros de las víctimas de la violencia que ha azotado al país. 

En los años 90, organizaciones no gubernamentales claramente identificadas con las organizaciones guerrilleras, hicieron un fabuloso negocio a través de la monetización de los asesinatos que se cometían en el país, como consecuencia de la oleada terrorista que desató el narcotráfico y en la que las Farc, como el principal cartel de nuestro país, jugó un papel de primera línea. 

Buena parte de las personas que caían asesinadas, eran presentadas como “defensoras” de los derechos humanos. Y aquello, al cabo del tiempo, se traducía en una jugosa condena contra el Estado, proferida por el sistema interamericano, concretamente por la corte interamericana de los derechos humanos, con sede en la ciudad de San José, Costa Rica. 

Ahora, el tema es el de los llamados “líderes sociales”. La pregunta que nadie ha podido responder tiene que ver con la definición de esa denominación. ¿Qué es un líder social? ¿Quién o cómo se decide que una persona es líder social? 

Lo cierto es que se convirtió en un lugar común presentar a las víctimas mortales de la violencia como “líderes sociales”. Y seguramente, organizaciones como el cuestionado Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ONG integrada por personas afines a la extrema izquierda y a organizaciones terroristas como las Farc, están haciendo, al decir popular, “su agosto”. 

Que nadie se sorprenda cuando en algunos meses, empiecen a conocerse las condenas contra el Estado por el asesinato de los “líderes sociales”. Y mucha menos sorpresa debe haber, al confirmarse que detrás de dichas acciones aparezca, por algún lado, el tristemente célebre Colectivo de Abogados, esa misma organización que no tuvo ningún problema en falsificar víctimas y maximizar masacres -caso Mapiripán- para robarle miles de millones de pesos al Estado colombiano. 

No se puede ni se debe negar que efectivamente hay personas destacadas en diversas comunidades que, por su labor de acción social, han sido brutalmente asesinadas. Esos crímenes, que comenzaron a cometerse durante el gobierno de Juan Manuel Santos, tienen que ser investigados y sus responsables ejemplarmente castigados.

Pero al mismo tiempo hay que decir con toda claridad que no son pocos los casos en los que hay personas muertas como consecuencia de ajustes de cuentas entre estructuras ilegales, que son falsamente presentadas como “líderes sociales”.

En una democracia sólida, ninguna muerte violenta debe ser tolerada o justificada. Pero no se puede desconocer la realidad social de nuestro país, ni las dinámicas de la violencia que nos afecta a todos los colombianos. 

Hace pocos días, el gobierno nacional presentó un estudio muy riguroso sobre homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El trabajo, que fue liderado por el jurista Francisco Barbosa -consejero del presidente de la República-, entre 2016 y julio 9 de este año, se han presentado 289 casos de líderes sociales asesinados. 

Al hacer una comparación, se concluye que en los primeros 11 meses del gobierno del presiente Duque, se registró una reducción del 35% en las muertes violentas de los denominados “líderes sociales”.

Igualmente, se confirmó que la totalidad de esos asesinatos se han cometido en 50 municipios del país, lo que permite concluir que en más del 95% del territorio nacional no se registra ese lamentable flagelo. 

Iván Duque llegó al poder y encontró el problema creado. Juan Manuel Santos no movió un dedo ni hizo acción alguna para proteger a las personas que estaban siendo asesinadas. Su gobierno, dedicado única y exclusivamente a salvar a las Farc y a saquear las arcas públicas, no tomó decisiones concretas para salvaguardar a aquellas personas que estaban en la mira de los grupos ilegales. 

El presidente Iván Duque no es un líder insensible. Él entiende el padecimiento de las víctimas y por eso se opuso con tanta ardentía al acuerdo con las Farc, en el que las víctimas de esa organización terrorista no fueron tenidas en cuenta. 

Desde que se conoció la convocatoria a una marcha de respaldo a los “líderes sociales”, el presidente de la República anunció que su gobierno se sumaría a la misma y que él directamente participaría en ella. 

Es absolutamente vulgar lo que sucedió en Cartagena, cuando una turbamulta de desadaptados, seguramente enajenados por cuenta de la ingesta desmedida de sustancias psicoactivas, pusieron en grave riesgo la vida del señor presidente de la República. Así mismo, son inaceptables las arengas que se pronunciaron en su contra, acusándolo de “asesino”.

Esa expresión virulenta de Cartagena, reconfirma lo que muchos vienen sospechando de tiempo atrás: la extrema izquierda, panfletaria y mercantilista, no tiene interés real por defender a los pretendidos “líderes sociales”, sino que se está valiendo de esas muertes para hacer politiquería de la más baja catadura y, por supuesto, para perfeccionar un gran negocio, cuyos resultados empezarán a registrarse tarde o temprano, cuando la nación sea notificada de las condenas en tribunales internacionales, las cuales siempre, absolutamente siempre, van acompañadas de la obligación de pagar una millonaria indemnización. Y un porcentaje elevadísimo de ese dinero, terminará en las cuentas de las ONG como el Colectivo José Alvear Restrepo. 

@IrreverentesCol

Publicado: julio 29 de 2019