Controlan el 25.3% de la tierra del País, tienen jurisdicción propia, chantajean todos los proyectos de inversión y ahora exponen a Bogotá a un potencial foco de contagio. Esa es la minga, una aglomeración de comunidades que lejos de ser minorías desprotegidas, gozan de interminables privilegios que ahora utilizan para presionar políticamente al Gobierno con la nada sorpresiva ayuda de la Alcaldía. 

En primer lugar, los 767 resguardos indígenas que existen en Colombia representan tan solo el 4% de la población, pero tienen bajo su control una cuarta parte del territorio nacional: 28.9 millones de hectáreas donde, entre otras cosas, junto con los parques nacionales se concentra el 47% de los cultivos de coca del País.

Una verdadera acumulación de terrenos que se debaten entre ser improductivos y ser la tierra prometida del narcotráfico.

En segundo lugar, por mandato constitucional los indígenas gozan de jurisdicción propia. Es decir, a diferencia de cualquier otro colombiano sus miembros no son juzgados, por regla general, por los jueces ordinarios, sino por las reglas de la propia comunidad. Una gabela que se presta para cuanta desfachatez se puedan imaginar.

En tercer lugar, las comunidades indígenas han hecho de la consulta previa en un lucrativo negocio para exprimir a los empresarios que pretenden llevar inversión a las regiones. Bajo la excusa de proteger su identidad cultural, este requisito, que no ha sido debidamente reglamentado, es sin duda uno de los principales obstáculos para los grandes proyectos de desarrollo que tanto necesita el País, los cuales quedan congelados hasta que se acuerda la millonaria transacción que se les da a los jefes de las comunidades.

Tan es así, que en Colombia se han realizado más consultas previas que en países como Bolivia o Perú, donde la proporción de indígenas es significativamente más alta en relación al total de la respectiva población.

No señores, las comunidades indígenas no son ningunas almas desamparadas buscando ayuda y lo que están haciendo en Bogotá es sencillamente detestable. La ciudad que aporta el 25% del PIB nacional tuvo que sufrir la cuarentena más larga del País y justo cuando la ocupación de las UCI logró estabilizarse, ahora se expone a las consecuencias de tener un foco de contagio de 7mil desvergonzados que se movilizan irresponsablemente por las calles sin respeto alguno por los protocolos de seguridad en medio de la pandemia más severa que ha afrontado la humanidad en 100 años.

Y lo peor, es que cuentan con el apoyo de Claudia López. Una funcionaria que bajo el idilio de ser la próxima chaman de chapinero le ha puesto todas las trabas posibles a la reactivación del comercio formal, pero que no ha titubeado un solo segundo en permitir cuanta protesta ha habido, de la misma manera que prefiere cazar peleas con la Casa de Nariño con tal de desviar la atención del alarmante repunte que se ve en varios indicadores de inseguridad en la ciudad.

Por su parte, es hora que el Presidente Duque actúe con autoridad. Aquí no hay absolutamente nada que negociar con la minga y mucho menos debe tener cabida el ridículo juicio político que le pretenden hacer. De hecho, si de algo deben servir estas manifestaciones es para examinar el notorio listado de beneficios con que cuentan estas comunidades y que hacen cada vez más difícil el proceso de invertir en Colombia.

@LuisFerCruz12

Publicado: octubre 21 de 2020