Entre impulsores y detractores de las iniciativas del Gobierno por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, se dividió la clase política del país y, en general, la sociedad colombiana.

Ambas posturas representan, como casi en todos los ámbitos, a los que respaldan a Iván Duque y a los que no. A estos últimos, que de un tiempo para acá lo ven todo en blanco o en negro -no conocen puntos medios-, les parece gravísimo que los primeros invirtamos tiempo en una crisis que, a su parecer, no afecta a los colombianos. Nosotros, en cambio, estamos convencidos de que 1,5 millones de venezolanos en el territorio nacional han traído consecuencias de tipo económico y social, que merecen atención.

Según un informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el éxodo venezolano hizo que las exportaciones hacia ese país cayeran en 7 mil millones de dólares; les acrecentó las deudas, y agravó problemáticas sociales como el desempleo.

La excesiva llegada de extranjeros a nuestro país, también desbordó la demanda de servicios como salud, vivienda, educación, protección social, agua y saneamiento, y como si fuera poco, disparó en la frontera flagelos como el contrabando y el comercio ilegal de combustibles, carne y productos agrícolas, negocio que mueve cerca de 1.000 millones de dólares al año y que beneficia, entre otros, a grupos armados ilegales como el ELN, que delinque en Colombia y se esconde en Venezuela.

Para que hagan cuentas: el Gobierno nacional invierte el 0,5 por ciento del PIB, unos 1.348 millones de dólares, en atención integral a los inmigrantes. Ahora pregunto, ¿todavía piensan que no hay razones de peso para hacerle frente al régimen, y de paso terminar de una vez por todas con la guarida del terrorismo?

Viéndolo de ese modo, parecen irracionales los cuestionamientos de la oposición, según los cuales el Estado deja de lado los asuntos internos por inmiscuirse en los del país vecino, desconociendo que hace tiempo los efectos del régimen traspasaron las fronteras.

En el caso puntual de las inundaciones en el Chocó, el más reciente ejemplo del oportunismo opositor, el Gobierno nacional acudió con 24 toneladas de ayuda humanitaria: 8.000 kits de alimentación, aseo y ropa para las más de 4 mil familias que resultaron damnificadas.

Lo que queda claro con todo esto es que el de Venezuela no es un problema ajeno; que la institucionalidad llega a todos los rincones del país y que, contraria a la ajedrezada visión de los opositores, existe una escala de grises que representa la capacidad del Gobierno nacional para priorizar y atender todas las necesidades de la población, como ha venido haciéndolo.

En conclusión, aunque la izquierda sature las redes sociales y algunos medios serviles para tachar la labor del presidente Duque, darle la mano a Venezuela es para muchos una responsabilidad histórica, teniendo en cuenta que hace años ese país abrió sus puertas a casi 6 millones de colombianos que huyeron de aquí por cuestiones económicas. Nosotros a esta lucha le llamamos gratitud, pero de eso qué va a entender la oposición.

@JenniferAriasF

Publicado: febrero 28 de 2019