Fue el presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverri, cuando era ministro de Hacienda, quien popularizó el término de “la mermelada”, para tratar de explicar de forma didáctica la estrategia corruptora implementada gobierno de Juan Manuel Santos para comprar apoyos de sectores políticos y periodísticos.
Hace pocos días, el presidente fue presa de la ira cuando en un evento anticorrupción en Londres, un participante del evento le preguntó porqué su gobierno le ha dado millonarios contratos a la revista Semana, cuyo director es Alejandro Santos, hijo de su hermano Enrique.
La percepción que existe en la opinión pública es que el gobierno, en estos 6 años, ha comprado espacios en los medios de comunicación, pagando miles de millones de pesos, para efectos de neutralizar cualquier crítica o denuncia periodística que afecte su estabilidad. Ejemplo de ello, fueron los contratos que LOS IRREVERENTES revelaron (ver: “Propaganda para la Paz”) y que confirman que la Casa de Nariño ha pagado más de 100 mil millones de pesos en propaganda y promoción del proceso de paz.
Juan Carlos Echeverry, creador del término «mermelada»
Todos esos gastos que el Ejecutivo hace en publicidad son abiertamente ilegales. En 2011, se promulgó la ley 1474, conocida como el Estatuto Anticorrupción. Dicha norma incluye medidas verdaderamente novedosas siguiendo recomendaciones anticorrupción internacionales que ayudan a generar un buen clima para las inversiones y la gestión pública.
Entre las disposiciones incorporadas, se encuentra una que le pone límite al presupuesto que pueden utilizar las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado en publicidad y publicaciones de lujo.
En efecto, en el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción, se lee que “en ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada en forma directa con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o policromías”. La naturaleza de esta disposición pretende evitar que el Gobierno favorezca a algunos medios de comunicación, justamente para ganar apoyos electorales con el presupuesto público.
Los lectores de revista Semana, ven con mucha frecuencia que esa publicación, dirigida por un sobrino de Santos y receptora de miles de millones de pesos en contratos de Estado, dedique portadas al presidente
Hecha la ley, hecha la trampa
El presidente Santos, haciendo uso de facultades extraordinarias, expidió el decreto 019 de 2012, a través del cual modificó el Estatuto Anticorrupción, por la puerta de atrás, permitiendo que las entidades públicas puedan contratar, de manera directa, publicidad en ediciones de lujo.
En este momento, la Corte Constitucional está valorando la constitucionalidad de dicho decreto y ya hay un primer proyecto que declara inexequible dicho acto administrativo, pues el Alto Tribunal considera que el mismo viola la unidad de materia del Estatuto Anticorrupción y, además, controvierte los principios de transparencia y lucha contra la corrupción.
Lo que ha llamado la atención de algunos observadores y dirigentes políticos con los que hablaron LOS IRREVERENTES es que con toda la publicidad costosa que el Gobierno ha pagado a los medios de comunicación y el ostensible apoyo que ha recibido por parte de ellos en contraprestación por los millonarios contratos, la popularidad de Santos cada vez es más baja.
Los asesores de imagen, propaganda y prensa del presidente no ocultan su preocupación. Muchos de ellos se preguntan qué tan bajo podrá caer la aceptación del gobierno si la Corte Constitucional le cierra la puerta para que pueda seguir pagando la costosa pauta que hasta ahora ha venido contratando con los principales medios de comunicación del país.
@IrreverentesCol