Han sido meses de profunda convulsión social en el país. La pandemia atacó las bases de nuestro sistema económico y social. Se perdieron miles y miles de empleos. Pasarán décadas enteras, hasta que recuperemos lo perdido. Todo lo avanzado en 8 años de gobierno del Presidente Uribe en materia de lucha contra la pobreza y la desigualdad, la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social, se vinieron prácticamente al traste, con la errática gestión de quienes le sucedieron. Nos quedamos con las ganas de ver las profundas transformaciones que se propusieron por el Presidente Uribe tanto en materia de lucha contra la corrupción, como en la reforma y modernización del actual deshonroso sistema de justicia en el país.

Recuerdan el caso de doña Carmen Cecilia Contreras, una humilde vendedora de Bogotá; y quien denunció por robo a un vecino de su sector, el delincuente, fue capturado por la Policía, pero recobró la libertad a los pocos días, regresó a su barrio y en venganza, la asesinó a sangre fría e hirió gravemente a su hija. Historias como ésta se repiten y repiten en un país donde la impunidad es el pan de cada día.

Por cientos de casos como el de doña Carmen, Colombia ocupó en el año 2020, el penoso quinto lugar en América Latina y el octavo, en el ámbito internacional, en el Índice Global de Impunidad, que mide, no sólo el castigo, sino el grado de reparación de las víctimas. Por ejemplo, en el caso particular de Bogotá, de cada 10 delincuentes detenidos por la Policía, 8 son liberados por los jueces. La impunidad  y la delincuencia,  sí que saben trabajar articuladamente. A diario conocemos noticias de delincuentes capturados, quienes tras un esfuerzo institucional,  son dejados en libertad, luego de pasar detenidos  tan sólo algunas horas.

Desde la firma del espurio acuerdo de paz de Santos y las Farc, la impunidad llegó, por lo visto para quedarse, en el aparato de justicia del país. Criminales de guerra con cientos de muertos, secuestros y desplazamientos en sus hombros, posan hoy como adalides de la moral. La impunidad que se impuso con los acuerdos de la Habana, destruyó desde sus cimientos la institucionalidad del estado colombiano. La justicia debería, a través del ejemplo, generar acciones que desincentiven al delincuente a cometer el delito; sin embargo, con semejante exabrupto cometido a favor de las Farc y en contra de la mayoría de los colombianos, hoy los delincuentes se sienten protegidos; pueden obrar con total tranquilidad, a sabiendas que nuestro aparato de justicia e investigación criminal, rara vez opera.

Acosado por la prensa, el Fiscal General de la Nación, envió, el pasado 2 de septiembre, un duro mensaje a los alcaldes, exigiéndoles que hagan su trabajo y, según su criterio, asuman el rol de jefes de policía y garanticen la seguridad de los ciudadanos. Por su parte, éstos le contestaron, a través de Asocapitales, que el verdadero problema está en la impunidad que reina en el sistema.

Las calles de las principales ciudades del país fueron tomadas por bandas organizadas que delinquen a plena luz del día. Bogotá, más parecida a la Ciudad Gótica de las caricaturas, está siendo azotada en todas sus localidades por grupos delincuenciales organizados. Dotados de sofisticado armamento, diariamente irrumpen en los establecimientos de comercio y despojan de todos sus elementos materiales a quienes allí se encuentran. Los atracos violentos, las balaceras, el hurto a los ciudadanos, los homicidios, siguen y siguen en aumento. La policía actúa, captura a los delincuentes, muchos de ellos con largos prontuarios y varias entradas a la cárcel, pero al final, el resultado es el mismo: un juez de garantías ordena su libertad inmediata. Así, imposible.

La inseguridad y la impunidad se ha convertido en el principal problema de la ciudad, a tal punto que la Alcaldesa Claudia López, muy seguramente guiada por la desesperación de ver  cómo su  imagen positiva se dirige rauda hacia el abismo y contradiciendo, como ya es costumbre, su discurso de campaña, tuvo que pedir el apoyo del gobierno nacional, que inmediatamente destinó 2.000 hombres de la Policía Militar del Ejército, para apoyar a la Policía en labores de patrullaje y control en puntos estratégicos de la ciudad.

Estamos en una espiral de desatinos. El problema no se resuelve solamente con más fuerza pública en las calles, debemos solucionarlo de manera estructural: modernizar el sistema de justicia del país, ampliar los cupos en las cárceles, mejorar el sistema de investigación, fortalecer los sistemas de prevención y sobre todo, reducir las posibilidades de que los delincuentes regresen a las calles sin haber pagado íntegramente sus delitos y haber reparado a sus víctimas. Estamos a meses de una nueva contienda electoral, en pocos tiempo elegiremos nuevo Congreso y nuevo Presidente, propongo a los estrategas políticos que acompañarán a los candidatos, hacer un cartel y pegarlo en sus oficinas, al mejor estilo de Carville, asesor del entonces candidato Bill Clinton , recordándoles, que hoy la realidad de los colombianos es otra, que hoy, el problema que más nos atormenta, se alimenta de la incompetencia del estado, que hoy, nuestra preocupación, es la impunidad, idiotas.

@JcolmenaresE

Publicado: septiembre 19 de 2021