En la tarde del viernes de la semana pasada, a la presidencia del Senado de la República, llegó una carta firmada por el expresidente Juan Manuel Santos, informando que saldría del país.

De acuerdo con el artículo 196 de la Constitución, “el Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin previo permiso del Senado”.

Una lectura exegética del precepto constitucional permite concluir que no basta con que quien haya sido presidente se limite a “informar”. Se requiere que haya permiso del Senado, es decir que la plenaria de la cámara alta apruebe o impruebe la autorización.

Santos envió su solicitud el día viernes y viajó al otro día. Es sabido que el senado se reúne en pleno los días martes, razón por la que no ha sido posible tramitar el permiso.

Así las cosas, Juan Manuel Santos, quien se encuentra en estos momentos en su lujoso apartamento en la villa de Key Biscayne –al sur oriente de Miami- salió de Colombia violando el mandato constitucional.

La Carta prevé que los expresidentes de la República tengan que solicitar permiso del Senado para salir del país luego de que abandonan el poder, precisamente por si es necesario garantizar su permanencia en el territorio para efectos de que respondan políticamente por sus actuaciones al frente del Ejecutivo.

Sólo hay un antecedente de un expresidente que tuvo que quedarse en Colombia para ser sometido a un antejuicio en el Congreso. En efecto, en agosto de 1958, tres meses después de que el dictador Gustavo Rojas Pinilla saliera del poder, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes inició una investigación contra el tirano, a quien se le señalaba de abuso de autoridad por haber permitido que un compinche suyo hiciera una importación de novillos sin pagar los aranceles correspondientes.

A Santos se le señala de delitos aún peores, por cuenta de su participación directa y decidida en el entramado de corrupción de Odebrecht. Él participó en una reunión en la que se acordó el ingreso de dineros de esa empresa a su campaña política. Él como presidente, favoreció a Odebrecht para que le fuera asignada la construcción de la carretera entre Ocaña y Gamarra, adjudicación de la que salieron los dineros para comprar las elecciones de 2014, tal y como lo reveló este portal hace pocos días, delito por el que el consejo nacional electoral ya hizo la respectiva compulsa de copias para efectos de que el juez natural del expresidente –la comisión de acusaciones- avoque la investigación correspondiente.

Para efectos de la transparencia, es muy importante que Juan Manuel Santos permanezca en Colombia, razón por la que resulta inadmisible que el expresidente se haya ido de forma ilegal, como si estuviera huyendo.

El de Santos fue una suerte de gobierno en la clandestinidad. Buena parte de sus decisiones fueron adoptadas de espaldas al país. Faltando pocas horas para culminar su mandato, por ejemplo, decidió reconocer al Estado palestino, sin hacer las debidas consultas, ni haber hecho la respectiva ambientación de ese trascendental paso.

Santos, ese mismo que pisoteó repetidamente la voluntad popular, que se pasó por la faja al Congreso de la República, ahora como expresidente desconoce el mandato constitucional y sin permiso expreso del Senado de la República, huyó a su cómodo refugio en la ciudad de Miami.

@IrreverentesCol

Publicado: agosto 13 de 2018