Sólo fue que la Corte Constitucional anunciara la declaratoria de inexequibilidad del acto legislativo sobre el equilibrio de poderes, para que muchos sectores políticos comenzaran a demandar una Asamblea Nacional Constituyente limitada a la reforma de la justicia en Colombia.

Es curioso que las voces indignadas que hoy piden una constituyente, sean las mismas que hace unos meses rechazaban con virulencia esa opción, cuando era el uribismo la corriente política que la proponía.

El antecedente se remonta a julio de 2012. El entonces senador Juan Carlos Vélez, que militaba en el partido de La U, pero defendía las tesis del expresidente Uribe, presentó un proyecto de ley para convocar a una asamblea Nacional Constituyente enfocada única y exclusivamente en la reforma a la justicia. Entonces, desde todos los sectores políticos le cayeron rayos y centellas a la propuesta de Vélez, alegando que él, a través de aquella iniciativa, pretendía abrir la puerta para una nueva reelección del expresidente Uribe.

Desde 2012, el entonces senador Juan Carlos Vélez propuso una constituyente para reformar la justicia

Uno de los mayores críticos de aquella constituyente fue, precisamente, el presidente Santos quien dijo que una convocatoria en ese sentido “se sabe cómo comienza, pero no se sabrá cómo termina”.

Ocho meses después de que Vélez presentara su proyecto, el Senado de la República lo hundió. En la comisión primera, 11 senadores votaron a favor de su archivo, mientras que el autor de la iniciativa fue el único que defendió la conveniencia de la misma y que pretendía eliminar al Consejo Superior de la Judicatura y la cuestionada Comisión de Acusaciones. El entonces ministro de Interior y hoy ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, de manera enfática se oponía al proyecto de Vélez diciendo: “mi respuesta ha sido categórica y sin mucha explicación: a una Asamblea Nacional Constituyente, ¡No!”.

La senadora Claudia Nayibe López, en un momento dado afirmó que “lo que no podemos en este país es que cada vez que alguien quiere un pedacito de impunidad pide una constituyente”, pero ayer cuando se conoció la decisión de la Corte Constitucional, cambió de opinión o, en palabras de ella, resolvió buscar “un pedacito de impunidad”. De la noche a la mañana pasó a convertirse en una feroz defensora de la constituyente: “nos va a tocar hacer una constituyente por cuenta de que los magistrados y la rama judicial que está más desprestigiada ante la opinión pública que el Congreso, lo cual ya es mucho decir (sic), se cree intocable”.

La necesidad de una nueva justicia

Desde hace muchos años, Colombia necesita una reforma integral y de fondo en su sistema judicial, totalmente inoperante y corrompido. El desmesurado poder que tiene la Fiscalía General de la Nación no se utiliza para combatir al crimen, sino para perseguir a los malquerientes políticos de quien ocupe la dirección de esa entidad, tal y como ha venido sucediendo con la siniestra dupla integrada por Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo.

El presupuesto que se le ha asignado a la Fiscalía, con la esperanza de que sea utilizado para dotar de equipos de investigación a los fiscales de todo el país, ha sido destinado para asuntos innecesarios como la adquisición de un costoso avión privado para el despacho del Fiscal General, o para que los directivos de esa entidad puedan celebrar con sus amigos y amigas onerosos contratos de prestación de servicios.

La senadora Claudia Nayibe López ahora es una entusiasta defensora de la constituyente

Así mismo, las altas cortes se han convertido en directorios políticos en los que los debates jurídicos fueron desplazados por espantosas pugnas por el poder burocrático al interior de la rama. Los magistrados invierten su tiempo no en la redacción de providencias, sino en la consecución de puestos para sus familiares y allegados.

No ha habido un solo intento de reforma a la justicia que sea efectivo. Los magistrados no van a desprenderse de sus privilegios fácilmente. Igualmente, el Congreso –que es investigado por la Corte Suprema- se atemoriza cuando le corresponde avocar el estudio de una reforma al sistema judicial. Aquello, que se ha convertido en un peligroso círculo vicioso, sólo puede superarse a través de una Asamblea Nacional Constituyente que asuma el caso con la seriedad que éste merece.

¿Constituyente limitada?

Es una quimera hablar de una constituyente limitada. Cuando el pueblo, a través de unos delegados ejerce su poder como constituyente primario, está facultado, como sucedió en 1991, para revisar la integridad de la Constitución Política. El pueblo no tiene limitación alguna, así que no puede venderse la falsa idea de que se van a revisar únicamente los temas relacionados con la reforma a la justicia.

Ese es el riesgo grande que tienen las constituyentes, pero vale la pena correrlo porque Colombia no puede permitir que su sistema judicial siga descomponiéndose.

Lo que resulta Bastante curioso es que el tiempo ha terminado por darle la razón al uribismo. Hace unos años, cuando esa corriente ideológica planteó la constituyente para la reforma judicial, muchos de los que hoy están hablando de la necesidad de hacerla, en ese momento la descartaron utilizando términos ofensivos que rayaban en la vulgaridad.

@IrreverentesCol