Claro que el sistema judicial colombiano es un verdadero caos que debe ser cambiado desde sus estructuras. Hay que empezar por modificar el procedimiento de elección del fiscal general de la nación para evitar que a esa entidad vuelvan personas de la catadura de Eduardo Motealegre o la cuestionada Viviane Morales, esposa del mercenario Carlos Alonso Lucio.

Pero el problema grande está en las altas cortes y la investigación y juzgamiento de los funcionarios aforados.

El escándalo del cartel de la toga es el resultado de la politización de la justicia, proceso que empezó con ocasión de la entrada en vigencia de la constitución de 1991 cuando se inventaron dos cortes que son infinitamente innecesarias: el consejo superior de la judicatura y la corte constitucional.

Las democracias sólidas cuentan con una sola corte, el gran tribunal donde se toman las decisiones trascendentales que sientan jurisprudencia y trazan las líneas de acción para los jueces de menor jerarquía.

El Centro Democrático, desde siempre ha propendido por crear un tribunal único que recoja a la corte suprema, al consejo de Estado y a la corte Constitucional. Igualmente, debe modificarse el proceso politiquero de elección de magistrados. El mecanismo de la cooptación absoluta, que existió hasta 1991, fue exitosísimo, pues los políticos no tenían mucha capacidad de influencia en la designación de los magistrados.

Hoy, el consejo de la judicatura, entidad que presenta las listas de elegibles, más parece un directorio de politiqueros corruptos que una corte.

Igualmente, los antejuicios que tienen lugar en el Congreso de la República son una burla. El caso del corrupto magistrado Malo, quien hace mucho tiempo debía estar en la cárcel, es un ejemplo de la inoperancia del Congreso cuando le corresponde fungir como entidad investigadora y acusadora.

Desde comienzos de este año, la cámara de Representantes remitió el expediente del delincuente Malo al Senado. Increíblemente, la comisión de instrucción no se ha podido reunir. Esa célula del Senado que no tiene carga laboral alguna, cuenta con un secretario general que juiciosamente cobra su salario todos los meses, desde 1991 solo ha estudiado el caso del magistrado Jorge Pretelt, no ha podido reunirse. Este portal conoció que los senadores que integran dicha comisión no asisten a los llamados que se les hace para que empiecen a estudiar el caso de Malo.

Si el proceso de Malo estuviera en la justicia ordinaria, él estaría compartiendo celda con su compinche criminal, el también magistrado Francisco Javier Ricaurte, capturado desde el año pasado y confinado en la cárcel La Picota, lugar reservado para los peores delincuentes de nuestro país.

A los parlamentarios también hay que juzgarlos en la justicia ordinaria. Es una deformidad delegarle a la corte suprema de justicia la función de investigar y juzgar, pues desvía a los magistrados de su función real, convirtiéndolos en jueces de conocimiento.

La propuesta del uribismo fue duramente cuestionada desde distintos sectores, sin siquiera haberla analizado o por lo menos entendido en su verdadera magnitud. La típica actitud hipócrita de Colombia.

Curioso que los que pisotearon a la justicia inventándose un tribunal hecho a la medida de los bandidos de las Farc, los que se pasaron por la faja la Constitución para “legalizar” el ilegítimo acuerdo celebrado entre Santos y el violador de niñas y narcotraficante solicitado en extradición, alias Timochenko, sean los mismos que estén animando los ataques arteros e irreflexivos contra la iniciativa de reforma a la justicia presentada por el Centro Democrático.

Así las cosas, si Colombia verdaderamente quiere un cambio en su administración de justicia, no hay camino distinto que el de convocar a una asamblea constituyente limitada para que se encargue de introducir los cambios que necesita la rama jurisdiccional.

Se equivocan irremediablemente aquellos –entre ellos la ministra de Justicia- que con candidez creen que se podrá hacer una reforma a la justicia concertada con las altas cortes. Que nadie se llame a engaños: los magistrados –muchos de ellos fieles militantes aún no descubiertos del cartel de la toga- no van a hacer absolutamente nada para reformarse o, si se quiere, regenerarse.

@IrreverentesCol

Publicado: septiembre 28 de 2018