Se cumplieron 4 años de la suscripción de un acuerdo ilegítimo donde la impunidad ha fungido como partera de nuevas violencias. La falta de justicia y reparación a las víctimas ha marcado la pauta de un proceso que evidencia falencias estructurales en cada uno de los cinco puntos establecidos.

1. Reforma rural

Afortunadamente no ha habido mayores avances en este aspecto. Las Farc, bajo el pretexto de solucionar las causas originarias del conflicto, pretendían implementar un proceso de redistribución de la tierra que afectaría severamente la propiedad privada en Colombia.

Al estilo de la expropiación de las tierras improductivas de Petro, la usurpación de la propiedad legítimamente obtenida a través de una intervención directa del Estado o de la imposición de cargas tributarias excesivamente altas hubiera implicado una estocada mortal a la inversión privada, la cual de por sí ya ve preocupantes riesgos jurídicos con los procesos de restitución de tierras que no respetan los derechos de los terceros de buena fe.

2. Participación política

Prometieron que la participación política del secretariado estaría condicionada al cumplimiento de las penas. Todo fue mentira. Hoy las Farc posan de adalides de la moral en el Congreso cobijados por un interminable manto de impunidad. Sin haber obtenido la votación necesaria para siquiera tener una sola curul, gozan de 10 escaños automáticos en el Parlamento desde donde se burlan con cinismo de la sociedad que atacaron sin piedad.

3. Cese al fuego

De los 6.800 menores que reportó la Fiscalía como reclutados, solamente han devuelto 144. Todavía se identifican 4.558 personas entre las que están alzadas en armas y las que integran las redes de apoyo. La violencia en las zonas productoras de cultivos ilícitos no cesa y las mal llamadas disidencias hacen presencia en las zonas que controlaban las Farc, se nutren de la minería ilegal y el narcotráfico como lo hacían las Farc y tienen el mismo modus operandi de las Farc, pero nos quieren hacer creer que son una organización diferente. Por favor…

Lejos de haber una reincorporación real, las Farc aprovecharon la negociación para oxigenarse y dejar una retaguardia militar en las regiones mientras hablaban de paz ante los medios de comunicación.

4. Drogas ilícitas

Gracias al proceso de La Habana los cultivos ilícitos en Colombia pasaron de 48.000 hectáreas en 2012 a 209.000 en 2017. Se suspendió la fumigación con glifosato y es la hora en que el País, cuatro años después de la firma del Acuerdo, sigue esperando que las Farc entreguen las rutas del narcotráfico.

Una promesa ingenua que se no creían ni los mismos negociadores…

5. Víctimas

Si hay un punto doloroso es este. La displicencia y el cinismo con que los miembros del secretariado niegan ante la JEP el reclutamiento de menores o el secuestro es suficiente para que ese Tribunal en un acto de dignidad y respeto por las víctimas los expulse a la jurisdicción ordinaria. Pero claro, dignidad es una palabra que no conocen en esa entidad…

Además, el 73% de los inmuebles reportados por las Farc no han podido ser ubicados por parte de la SAE y el 45% de los bienes verificados no tienen vocación reparadora. En otras palabras, la organización terrorista que en 2014 facturaba US$600 millones anuales no ha reparado a una sola de las personas que afectó con su detestable accionar.

Este es el balance del acuerdo de La Habana. Mentiras e incumplimientos por doquier que exigen modificaciones urgentes por parte de un Gobierno que se comprometió a hacerlo y que no se entiende qué está esperando para llevarlas a cabo.

@LuisFerCruz12

Publicado: septiembre 30 de 2020