Desde hace unos años, se viene generando un proceso histórico de globalización, que incluye aspectos tecnológicos con las TICs, también toca aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, con el propósito de convertir el mundo en un lugar interconectado, de unir mercados, políticas y culturas entre diferentes países, que generan trasformaciones de diferente índole, con innovaciones como el internet, que sin duda han dado la forma de interactuar con la mayoría de las naciones del mundo.

La globalización ha traído consigo ventajas pero también desventajas: de las ventajas encontramos el desarrollo tecnológico, los productos importados, inversión de extranjeros, pero quizá las mayores desventajas están en el aumento del desempleo y el crimen organizado junto a otras actividades ilegales y delictivas. Dentro de ellas se destaca la corrupción, encubierta por la misma globalización. Individuos con cargos públicos se aprovechan del poder o autoridad para obtener beneficios para ellos o para terceros. Según la RAE la corrupción es la acción y el efecto de corromper o corromperse. En las organizaciones, especialmente públicas, es una práctica, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas, en provecho económico o de otra índole.

La corrupción, entendida como el soborno, extorsión, apropiación indebida de lo que es de todos, es un fenómeno que viene estando en la lupa de los diferentes organismos supranacionales y cuya lucha ha sido impulsada en varios tratados internaciones aprobados en la Organización de las Naciones Unidas ONU, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, el Fondo Monetario Internacional FMI y la Organización de los Estados Americanos OEA. En la lucha contra la corrupción, se han creado entidades, organizaciones públicas y también privadas, tanto del orden nacional como internacional, reforzando normas que propenden por la búsqueda de procesos transparentes, para permitir una mejor relación entre los particulares y el Estado. En Colombia, se han implementado políticas y estrategias tendientes a la lucha contra este flagelo: fue expedido el estatuto anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011, se creó la Secretaría de Transparencia, se expiden normas, se elaboran manuales, guías, y se generan muchas acciones tendientes a evitar, descubrir, sancionar y combatir la corrupción, las cuales han sido en vano a la hora de lograr el reflejo de buenas prácticas. Tal vez por ello, el Presidente Juan Manuel Santos, cuya campaña está envuelta, a propósito, en un escándalo de corrupción, anunció recientemente, que prepara un paquete de medidas contra la corrupción y que se usará el fast track para que sea el procedimiento, por ser un compromiso establecido dentro de los Acuerdos de Paz, en los cuales se incluye protección a denunciantes de casos de corrupción, obligación de revelar verdades, beneficiarios de empresas, la bancarización total de las compras públicas y un sistema especial de transparencia en la inversión del posconflicto.

En el más reciente informe de la Organización No Gubernamental, Transparencia Internacional, ONG encargada de medir el índice de percepción de la corrupción en el sector público de determinados países, Colombia salió rajada. La información es desalentadora para Colombia, que se ubica en el puesto 90 del ranking de transparencia Internacional en instituciones públicas de 176 naciones, siendo uno de los países que mayor índice tiene a nivel global. Y es que en temas de percepción de la corrupción en Colombia, todo ayuda un poco. El reciente escándalo de los sobornos de Odebrecht, Reficar, la salud, contratos de La Guajira, paraísos fiscales, contratos de electricaribe, en fin, son muchos los hechos, que nos permiten ganar puntos en la percepción de los índices de corrupción.

@AlirioMoreno

Publicado: marzo 21 de 2017