No es el primer ni el último montaje judicial de la extrema izquierda con el fin de exterminar a un opositor. Es parte de la vieja tradición comunista de acabar la reputación y la moral de sus opositores como preámbulo de su exterminación física.
Ha sido una tarea metódica y bien estructurada que empezó a gestarse hace más de 15 años por parte del senador de las Farc Iván Cepeda quien desde antes de llegar al Congreso se dio a la tarea de visitar cárceles de Colombia y los Estados Unidos con el propósito de reclutar delincuentes dispuestos -a cambio de dádivas- a declarar falsamente en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Es un ajuste de cuentas del comunismo y del terrorismo que no le perdonan a Uribe su compromiso democrático de devolverle la paz y la tranquilidad a Colombia.
Se oyen voces que equivocadamente le achacan la responsabilidad de la situación del exmandatario a los abogados que han llevado su representación. Craso error. El de Uribe no es un asunto judicial, aunque así lo parezca. Lo de él es político y por tal razón pueden concurrir a su defensa los mejores juristas del planeta o unos aprendices del derecho penal y el asunto tendrá el mismo epílogo. La sentencia condenatoria contra él fue escrita mucho antes de oír sus argumentos o examinar ponderadamente las supuestas evidencias que integran el sumario.
La situación es evidentemente compleja y el panorama está colmado de angustiantes nubarrones. El uribismo pasa por uno de sus momentos políticos más difíciles. A pesar de ser partido de gobierno, el Centro Democrático sufrió una derrota espantosa en las elecciones de Congreso. Su atonía electoral lo obligó a retirar la candidatura de Zuluaga y la bancada elegida, con poquísimas excepciones, está integrada por políticos de menor cuantía.
El presidente Uribe va directo hacia el matadero con los ojos bien abiertos. Su talante y estatura moral le han impedido variar el rumbo. A pesar de que es consciente de lo que le depara el destino, se ha mantenido impertérrito defendiendo su honor y dignidad, demandando con estoicismo la confirmación de su inocencia.
Durante los años más oscuros de la revolución francesa, los tribunales fueron utilizados para impartir “justicia” a nombre del pueblo, violando brutalmente los derechos de muchos que fueron remitidos a la ignominiosa guillotina sin que pesara prueba alguna en su contra. El cerebro de esa operación, Robespierre, aplaudía rabiosamente las defenestraciones de sus enemigos hasta cuando el turno le correspondió a él mismo.
Colombia atraviesa una situación semejante. La extrema izquierda se tomó por asalto a la rama judicial, convirtiendo a los tribunales en lugares donde la ley fue desplazada por la pasión de la política. Muchos administradores de justicia abandonaron su función para convertirse en herramientas de persecución.
El problema no se limita a la estólida juez de conocimiento que negó la preclusión del proceso contra el presidente Uribe. Se trata de un asunto de hondo calado que no ha querido ser atendido con la seriedad que amerita: la reforma integral a la justicia. No ha ocurrido y difícilmente ocurrirá, salvo que el pueblo, en su condición de constituyente primario, dé un golpe en la mesa y exija la convocatoria de una asamblea constituyente que se enfoque única y exclusivamente en la reconstrucción de la rama judicial.
Hoy, los antiuribistas celebran desvergonzadamente la absurda decisión de la malhadada juez Carmen Helena Ortiz, y lo hacen porque la asimilan a una victoria política y electoral. A esas gentes, bien vale la pena recordarles la advertencia hecha por el dirigente alemán -de izquierda- Willy Brandt: “Permitir una injusticia, significa abrir el camino a todas las que siguen”.
Publicado: mayo 3 de 2022
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