“Uber es ilegal”
Ese fue el caballito de batalla en el cual se montó el gremio de taxistas para emprender la guerra contra esa plataforma. Ante la mala calidad en la prestación del servicio y la incapacidad de conservar los usuarios que se trasladaron a Uber, estos prefirieron emprender una lucha jurídica que a todas luces carece de fundamentos. Veamos.
En primer lugar, es absurdo sancionar a Uber por no cumplir con los requisitos de habilitación de una empresa de transporte ordinaria, dado que la plataforma en ningún momento prestaba el servicio, los conductores no eran sus trabajadores ni los carros eran de su propiedad. Por el contrario, su labor se circunscribía a fungir como intermediario entre un conductor y un usuario. Es decir, conectar dos extremos a través de la tecnología.
En segundo lugar, Uber es una inversión americana que se encuentra protegida por el TLC entre Colombia y Estados Unidos, el cual establece, entre otras cosas, que no puede haber un trato discriminatorio por parte del Estado entre las empresas nacionales y las extranjeras. En este contexto, como Uber no es una empresa de transporte, sino una plataforma tecnológica de intermediación, la sanción en su contra por los motivos expuestos carece de sustento y se configura como una disposición que afecta ilegítimamente el funcionamiento de la compañía.
Esta realidad, que el juez de la SIC no tuvo en cuenta al momento de emitir el fallo, acarrea un profundo debate jurídico que, en todo caso, abre la puerta a una millonaria sanción en contra del País en un Tribunal de Arbitramento, donde, ciertamente, Colombia históricamente no logra ganar un solo caso.
Dicho esto, es una completa vergüenza que Colombia siga teniendo la misma reglamentación obsoleta del sector transporte de hace 24 años. Los requisitos de habilitación y funcionamiento de las empresas y los taxis, en palabras sencillas, se resumen a un solo aspecto: los cupos.
Estos, que inicialmente se pensaron como un mecanismo para evitar un exceso de oferta en las ciudades, terminaron siendo un jugoso negocio que le permitió lucrarse a los dueños de las compañías de taxis. En efecto, hoy en día el valor del cupo en Bogotá oscila entre los $80 y los $100 millones. Evidentemente, esta cifra no tiene cómo pagarla el taxista de a pie, sino que la asume un puñado de personas que no quieren perder el control de un negocio que asciende a más de $4 Billones de pesos en la ciudad.
Además, los cupos impidieron un verdadero sistema de mercado y configuraron un cerrado oligopolio. Es decir, el Estado por tratar de controlar el número de taxis disponibles terminó cerrándole las puertas a la libre competencia. El resultado, evidentemente, es la mala calidad en la prestación del servicio: si no tengo contra quién competir no importa si el servicio que presto es bueno o malo, porque al final el usuario, como no tiene más opciones, tendrá que volver a mi.
Y es precisamente en este aspecto donde Uber dejó su legado. A pesar de no estar obligada a hacerlo, el hecho de asegurar los viajes, realizar un filtro de los conductores y permitirle al usuario calificarlos son las herramientas que brinda la plataforma para garantizar la calidad del servicio. En otras palabras, la auto regulación del mercado fue mucho más eficiente que la reglamentación estatal.
Ojalá que el Congreso deje a un lado los mezquinos cálculos electorales y modifique la obsoleta reglamentación vigente. Menos negocios y más competencia es lo que necesita el sector transporte. Al fin y al cabo, lo que está de por medio es el ingreso de 88mil familias que quedaron en el aire, la calidad del servicio y el transporte de 2 millones de usuarios que anhelan el retorno inmediato de la plataforma.
Publicado: enero 15 de 2020
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